¿Cómo
se clasifican los acreedores en la quiebra? Describa y dé un ejemplo de cada
categoría?
Por
Nuri
Rodríguez
Olivera
Los
llamados acreedores de dominio son aquellas personas propietarias de bienes que,
al dictarse el auto de quiebra, estaban en manos del fallido. Estas personas
pueden ejercer acciones reivindicatorias contra el fallido, representado por el
síndico. El artículo 1.736 establece qué bienes no se reivindican,
respondiendo a principios generales del derecho: el dinero y las cosas genéricas.
El
“acreedor de dominio” o reivindicante recibe la cosa reclamada íntegra:
no sufre la Ley del dividendo.
Ese acreedor tiene, por su parte, la obligación
de pagar lo que adeuda al fallido en función del contrato que lo ligaba con él,
por ejemplo, el precio del depósito que se adeudare o la deuda por la cual dio
al fallido un bien en prenda.
Nuestro
legislador no ha hecho distinciones entre acreedores de y en la masa.
A.
Acreedores en la masa
Los acreedores en la masa son los que forman la masa pasiva de la
quiebra. Lo son por créditos nacidos con anterioridad a la declaratoria de
quiebra.
Este
es el caso, por ejemplo, de un acreedor por el precio de mercadería vendida a
crédito, antes de que se dictara el auto de quiebra.
B.
Acreedores de la masa
Los
acreedores de la masa surgen después de la quiebra. Nacen como consecuencia de
la declaración de quiebra.
Los
acreedores de la masa son acreedores del fallido pero por deudas contraídas por
el síndico, actuando en su representación.
Son obligaciones contraídas en interés de la quiebra, en relación con las
finalidades de la quiebra, en atención al procedimiento concursal o en atención
a la administración de la masa de bienes.
La
denominación “acreedor de la masa” es cómoda aunque jurídicamente
inexacta, ya que la masa no tiene personería jurídica.
Nuestro Derecho positivo no utiliza esta terminología.
El artículo 1.732, inciso 1,
se refiere a estos
acreedores, al establecer que la primera clase de
créditos personales privilegiados comprende los gastos de administración
durante el concurso.
Los
acreedores de la masa tienen una situación privilegiada pues cobran antes que
los acreedores en la masa, aun cuando son posteriores en su nacimiento. No les
afecta la quiebra, ni les alcanza la Ley del dividendo.
El
fundamento del tratamiento más favorable es que esos acreedores lo son por
deudas contraídas por la administración de la quiebra y en interés de todos
los acreedores, por lo cual es justo que se prefieran a los demás. Si no se les
diera un tratamiento especial, ninguna persona prestaría servicios ni contrataría
con el síndico, ni éste aceptaría su cargo.
Entre
los acreedores en la masa, hay que hacer distinciones. No todos los acreedores
están en pie de igualdad. Así resulta del artículo 2.372 del Código civil:
“Los
bienes todos del deudor, exceptuando los no embargables, son la garantía común
de los acreedores y el precio de ellos se distribuye entre éstos a prorrata, a
no ser que haya causas legítimas de preferencia.
La
Ley no reconoce otras causas de preferencia que la prenda, la hipoteca y los
privilegios”.
De
acuerdo a este texto, los bienes de un deudor están afectados al pago de todas
sus deudas. El acreedor puede hacer efectivo su crédito mediante la ejecución
forzada de cualquiera de sus bienes, si son embargables.
En
el caso de que los bienes no sean suficientes para cubrir los créditos de todos
los acreedores, promovido un concurso al efecto, el producto de la ejecución
concursal se debe distribuir a prorrata. Precisamente, los procesos concursales
se organizan para asegurar ese resultado.
A.
Acreedores con preferencia
y acreedores privilegiados
El
acreedor que ha requerido de su deudor una garantía real logra una posición
especial que refuerza la posibilidad de recuperar su crédito. Mediante la
garantía real se afecta una cosa, señalándola como objeto del ejercicio de
una acción ejecutiva futura o eventual. Se grava esa cosa con un vínculo que
la liga al acreedor. Esto es así, a tal grado, que si el bien afectado sale del
patrimonio del deudor, esa enajenación resulta indiferente para el acreedor,
que puede perseguir el bien en manos del adquirente.
El
adquirente no podrá impedir que el bien sea ejecutado. La doctrina se refiere a
la inherencia del derecho real o al derecho de persecución para reseñar este
rasgo. El bien dado en garantía es, también, objeto de desapoderamiento; pero
pueden ser ejecutados por el acreedor, con independencia del concurso.
Mediante
la garantía real, en el caso de pluralidad de acreedores y de insuficiencia del
activo, el acreedor tiene preferencia para cobrarse con el producido de la venta
del bien afectado. Sólo el sobrante queda disponible para el resto de los
acreedores.
Por
el artículo 1.608 del Código de comercio se establece que siguen corriendo
intereses en los créditos hipotecarios y prendarios, a pesar de la quiebra.
Esos intereses se cobran, también, con el bien afectado, hasta donde alcance la
garantía.
1.
Acreedores hipotecarios
El
artículo 1.737 establece la posibilidad de ejecutar el bien dado en garantía
con independencia del concurso. El resultado de la ejecución se afecta al crédito
y a sus intereses y a las costas y costos del juicio. El sobrante irá a
integrar la masa activa de la quiebra.
En
el artículo 1.738 se dispone que, si en la hipoteca se pactó la renuncia a los
trámites del juicio ejecutivo, el síndico deberá promover las acciones que
pudieran corresponder contra la hipoteca mediante un juicio ordinario separado.
Si el juicio que promueve el síndico se basa en la nulidad o en la simulación
en fraude de los acreedores, el acreedor hipotecario debe consignar o afianzar
el producto del bien ejecutado, hasta que termine el juicio ordinario (art.
1.738). La norma se refiere, sin duda, a acciones revocatorias concursales que
se promuevan contra las hipotecas celebradas en períodos de sospecha.
El
artículo 1.739 prevé la concurrencia de varios acreedores hipotecarios sobre
un bien, en cuyo caso, debe abrirse un concurso particular, en que se paga a los
acreedores según el orden de las inscripciones en el Registro de Hipotecas;
pero antes que nada, se cobran las costas y costos judiciales. El artículo
1.740 dice:
“Para
los efectos de la prelación en este concurso particular de acreedores
hipotecarios, se considerarán también como hipoteca:
1º)
Los censos debidamente inscriptos.
2º)
Los gastos hechos por la construcción, mejora o conservación de una cosa,
siempre que el contrato de construcción o la deuda hayan sido inscriptos en el
Registro de Hipotecas.
La
prelación se establecerá según la fecha de las respectivas inscripciones”.
El
artículo 1.742 establece:
“Los
síndicos, con autorización del juez, pueden levantar la hipoteca o retirar la
prenda, pagando el importe de la deuda. En tal caso, la cosa hipotecada o dada
en prenda, vuelve a la masa concursada.”
La
norma se aplica cuando se estima que puede obtenerse mejor precio en una venta
dentro del proceso de la quiebra, que en la ejecución que está en trámite.
2.
Acreedores prendarios
A
los acreedores prendarios se les aplican los artículos 1.737 y 1.741. El
acreedor prendario puede ejecutar la prenda con independencia del concurso, aún
cuando el bien prendado esté comprendido en el desapoderamiento. El síndico
deberá tolerar su embargo y su remate. La Ley exige solamente que, en la
ejecución, el remate se realice previa audiencia de los síndicos (art. 1.741,
inc. 2).
Para
que el acreedor pueda ejercer su derecho de preferencia, el artículo 1.741
impone dos condiciones: a) que la cosa esté en su poder; b) que el contrato de
prenda conste en escritura pública o en escritura privada con fecha comprobada.
Fecha comprobada no es lo mismo que la fecha cierta del Código civil. Fecha
comprobada es aquella cuya veracidad se puede constatar por cualquier medio de
prueba del derecho comercial.
Cuando
se trata de una prenda sin
desplazamiento (prenda agraria o prenda industrial o prenda de automotores,
etc.) las leyes que las regulan disponen que el deudor conservará la tenencia
de la cosa, en nombre del acreedor. Los textos suponen entonces, que la cosa está
en posesión del acreedor, con la cual se cumple con la exigencia del artículo
1.741.
A
los créditos prendarios, también, se aplica el artículo 1.742 comentado en párrafo
precedente. El síndico puede levantar la prenda con autorización del juez.
3.
Créditos privilegiados
a.
Concepto
El
concepto de privilegio debe extraerse del artículo 2.368 del Código civil:
“Privilegio
es un favor especial con que la Ley mira a ciertos créditos personales en
concurso de acreedores, sin que por eso pasen en caso alguno contra terceros
poseedores”.
De
acuerdo a este concepto podemos extraer los siguientes rasgos fundamentales:
La
atribución del carácter privilegiado es legal. Fuera de la Ley no pueden
crearse créditos con privilegios. Por una convención no se puede atribuir
naturaleza privilegiada a un crédito.
Los
privilegios son de estricta interpretación. Las normas que los establecen no
pueden extenderse por analogía.
No
confieren un derecho real sino un derecho personal que consiste en una
preferencia en el cobro que juega sólo en caso de concurso. Existen privilegios
que se relacionan con determinados bienes, de modo que del resultado de su venta
se cobran en primer término los privilegiados, postergando a los
quirografarios; pero aún en estos casos, el crédito no tiene la inherencia que
confiere el derecho real y el acreedor carece del derecho de persecución.
Este
favor especial funciona sólo en caso de concurso:
concurso civil, quiebra o concordato. Este es otro rasgo diferencial de
los créditos preferentes, pues la preferencia en el cobro de éstos se puede
ejercitar en una ejecución individual. En cambio, el privilegio cobra vigencia
cuando hay situación concursal. Precisamente, es mediante el proceso concursal
que se determina la prioridad en el cobro.
Advertimos
que los privilegios no desplazan a los créditos con garantías reales. Estos se
cobran primero, sobre los bienes afectados con esas garantías.
b.
Fundamento de los privilegios
El
fundamento de los privilegios varía según el caso. En algunos existe un interés
público: privilegios para las
costas y costos del juicio o para los impuestos. En otros casos por razones de
humanidad: gastos de la enfermedad del fallido y los gastos para la subsistencia
del fallido y de su familia.
c.
Clasificación de los privilegios
Se
clasifican en cuatro grados, aunque en el cuarto grado se incluyen los créditos
que no tienen privilegio, los quirografarios (art. 1.732 y ss.).
*
Privilegios de primer grado
En
el primer grado se incluyen privilegios que se cobran en primer término, sobre
el resultado de la venta de todos los bienes. Se enumeran en el artículo 1.732.
Se
cobran sobre todos los bienes, salvo aquéllos sobre los cuales se ejerce una
acción reivindicatoria. Si existen varios créditos privilegiados, concurren en
el orden que tienen en los distintos incisos. Si hay varios acreedores que
pertenecen a un inciso, ellos cobran a prorrata.
Dentro
del primer grado, entran las costas y costos judiciales de la quiebra y los
gastos de administración, dentro de los cuales debemos incluir los honorarios
del síndico (créditos de la masa). Se entiende que no entran los honorarios
del abogado que patrocina al fallido, porque no actúa en el interés común de
los acreedores.
También,
figuran los gastos funerarios si la declaración de quiebra recayó después de
su muerte. Si la muerte es posterior, podrá incluirse como crédito
privilegiado previa verificación del síndico con autorización de la junta de
vigilancia o del juez si ésta no existe. Advertimos que esto sería una excepción
al principio general de que a la quiebra concurren sólo los créditos
anteriores al auto de quiebra.
Asimismo,
es crédito privilegiado el generado por los gastos de la enfermedad, de que
haya fallecido el deudor, incluyendo el honorario del médico. En este caso, si
la muerte es posterior a la declaratoria de quiebra, tenemos otra excepción al
principio antes referido.
Los
créditos fiscales, sea por impuestos públicos o municipales, figuran en sexto
lugar.
*
Privilegios de segundo grado
En
el segundo grado de privilegios se ubican créditos a los cuales se les da
preferencia para el cobro en la venta de determinados bienes que de alguna
manera, se vinculan con el origen del crédito.
Los
créditos privilegiados de segundo grado se enuncian en el artículo 1.733. Los
numerales 7 y siguientes se refieren a créditos privilegiados marítimos que
afectan al buque. El artículo 1.037 contiene también una relación de créditos
marítimos privilegiados. Deben concordarse ambas normas.
El
artículo 1.746 establece que si concurren varios acreedores con privilegios
sobre un mismo bien, el producido de su venta se distribuye entre todos a
prorrata. El artículo 1.038 para privilegios marítimos establece un criterio
distinto e incluso la posibilidad de postergar el crédito hipotecario.
El
artículo 1.746, inciso 3 del Código de comercio establece: “Para el pago
de los créditos contra la nave, se seguirán las reglas prescriptas en los artículos
1037 y 1038”.
Si
los bienes existentes en la masa no alcanzan para cubrir los privilegios del
primer grado, se destina al pago de lo no cubierto, los bienes afectados por
privilegios de segundo grado, los cuales quedan, entonces, desplazados.
*
Privilegios de tercer grado
El
tercer grado de créditos privilegiados afecta todos los bienes del deudor. Se
mencionan en el artículo 1.734. El orden de preferencia entre sí se vincula a
la fecha de sus causas. Cobran después de desinteresados los créditos de
primer y segundo grado.
B.
Créditos quirografarios
Se
denominan acreedores "quirografarios" o "simples"
aquellos cuyos créditos carecen de preferencia o privilegio.
En
el estado de graduación de créditos, se coloca a estos acreedores en cuarto
lugar.
Un
acreedor simple o quirografario, por lo tanto, normalmente sólo podrá cobrar
parte de su crédito, a prorrata con los demás quirografarios.
Los
preferentes, por la suma que no pudieron percibir en razón de su preferencia,
pueden integrar la masa pasiva como quirografarios (art. 1.750).
C.
Los créditos laborales
El
estudio y consideración de los créditos laborales en el concurso presupone
la confrontación de dos derechos especiales: el Derecho laboral y el Derecho concursal. El Derecho
concursal conforma un ordenamiento jurídico complejo con
normas que ordenan un proceso de ejecución colectiva o un proceso preventivo de
ésta y con disposiciones que crean, además, una situación jurídica dando un
estatuto personal para el deudor concursado y una regulación de todas la
relaciones jurídicas de la cual forma parte.
El
Derecho laboral regula las relaciones entre los trabajadores y sus empleadores
creando incluso un proceso típico y con jurisdicción especializada. Cada
especie de derecho tiene sus rasgos característicos propios, pero
fundamentalmente se distinguen por los intereses tutelados.
El
Derecho laboral busca fundamentalmente la tutela del trabajador que es la parte
económicamente más débil en la contratación del trabajo. La doctrina
laboralista señala, como principio caracterizador de este Derecho, el llamado
principio protector en el cual se resume su objetivo: el amparo del trabajador. El Derecho
concursal tiende a la solución de
los conflictos que surgen ante la insolvencia o dificultades económicas de un
deudor, que afectan no sólo a los acreedores y a los terceros que han celebrado
negocios con él sino que, también, produce efectos negativos en la economía de
un país o región, según el radio de actividad de aquél.
La solución
que se consagró legalmente, en nuestro concepto, no es la más justa. En nuestra
opinión, se debiera incluir a todos los acreedores laborales en el régimen
concursal y pagar a todos ellos en pie de igualdad, con carácter privilegiado.
La actuación de los acreedores con créditos laborales dentro del concurso podría
incluso permitir soluciones para terminar el proceso concursal y conservar la
organización empresaria, fuente de trabajo. En la práctica, la actuación
individual y aislada de uno o más trabajadores, suele frustrar soluciones que
permitan la continuidad de la empresa, lo cual implica un perjuicio mayor para
la generalidad de los trabajadores involucrados y en perjuicio de aquellos que
no obtuvieron el reconocimiento de su crédito mediante una sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada.
1. Créditos laborales con sentencia ejecutoriada
a.
Posibilidad de ejecutar independientemente
En
1974 se dictó el Decreto Ley 14.188 cuyo artículo 11 estableció, con
referencia a la ejecución de las sentencias laborales, que “en caso de
quiebra o concurso, los acreedores no están obligados a aguardar sus resultas
para ejercer las acciones que correspondieran (arts. 1.737 del C.Com. y 2381
del C.C.)”.
La
disposición presupone que el trabajador ha promovido un juicio laboral
y ha obtenido una sentencia a su favor, que lo convierte en acreedor de una suma
líquida y exigible.
Respecto de
la ejecución de sentencias dictadas por jueces
laborales, dispone
que no hay obligación de aguardar las resultas del concurso con una remisión
expresa al artículo 1.737 del Código de comercio, que se incluye entre paréntesis
y que se refiere a las ejecuciones hipotecarias y prendarias.
El
trabajador por el Derecho laboral puede cobrar su crédito prescindiendo del
concurso pero siempre que su crédito haya sido reconocido por sentencia. Si el
crédito fue reconocido por el empleador en una transacción extrajudicial o en
sede del Ministerio de Trabajo, donde se efectúan las conciliaciones previas al
juicio laboral, tal crédito no tiene privilegio.
Sobre la base de la ambigüedad de los textos legales se ha sostenido que
el acreedor prendario y el hipotecario es postergado por el crédito privilegiado
laboral. Entendemos que tal interpretación es peligrosa por cuanto no existe
publicidad de los créditos laborales que tutelen a los terceros que conceden
créditos y requieren garantías reales de su deudor. En materia de Derecho marítimo y
aeronáutico, en que ciertos créditos privilegiados postergan a la hipoteca, se
establece una publicidad registral de tales créditos.
Sobre
esta cuestión han habido fallos contradictorios. Las últimas sentencias han
descartado esa tesis.
b.
El “mini-concurso laboral”
El
artículo 264 de la Ley 16.462 dispone:
“En
caso de concurso, quiebra o liquidación, si hubiere concurrencia de dos o más
créditos laborales reconocidos por sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada, se aplicará al cobro de los créditos referidos el criterio de
prorrata establecido por el artículo 2.372 del Código Civil, aun para aquellas
situaciones en que habiendo ejecuciones pendientes el dinero no hubiere sido
todavía distribuido.”
Esta
norma parte de la base de que la masa activa no es suficiente para atender a
todos los créditos laborales preferentes. Impone, entonces, que dicha masa se
prorratee entre estos acreedores. Ello supone que el síndico realice una
verificación preliminar de esos créditos y presente un proyecto de distribución
al conjunto de acreedores laborales preferentes. A esos efectos, en la práctica
forense, se convoca a una junta de acreedores laborales preferentes.
En
esa “junta”, en puridad, no pueden tomarse resoluciones por mayoría,
ni tramitarse oposiciones, porque nada de eso se encuentra previsto en la Ley.
Estrictamente, esa “junta” no es un órgano de la quiebra sino una
mera reunión de acreedores.
La
condición para participar en este mini-concurso laboral es poseer un crédito
laboral reconocido por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Si el
trabajador no promovió una reclamación judicial o no obtuvo todavía una
sentencia firme, no está legitimado para participar en el prorrateo.
2. Privilegios laborales
En el Código de
comercio y en el Código civil, el crédito por salarios tiene privilegio aun
cuando no haya sido reconocido por sentencia, con la condición de haber sido
verificado en el proceso.
En el Código civil, los salarios de los dependientes y criados por lo que se les
adeuda en todo el año anterior a la declaración del concurso, tienen un
privilegio de primer grado (art. 2.369, n. 4).
En el Código de comercio tienen
carácter privilegiado de primer grado los salarios en los 6 meses anteriores a
la declaración de quiebra (art. 1.732, n. 4):
“Los salarios de los dependientes, obreros y criados, por lo que se les adeude
correspondiente a los seis meses anteriores a la fecha de la declaración de la
quiebra.”
En este mismo Código los salarios del capitán y tripulación del último viaje
tienen privilegio de segundo grado sobre el buque (arts. 1.037 y 1.732). En el
Código aeronáutico tienen privilegio de segundo grado sobre la aeronave los
emolumentos de la tripulación por el último mes de trabajo (art. 54).
De acuerdo a estos textos, el crédito laboral tiene
privilegio, esto es, un favor especial con que la Ley mira ciertos créditos
personales en concurso de acreedores (art. 2.368). El privilegio laboral es un
derecho personal, que permite al acreedor cobrar prioritariamente a otros
acreedores, en los procesos concursales, sobre todos los bienes, salvo los
afectados por derechos reales (art. 2.376 C.C. y 1.737 C.Com.).
3.
Créditos laborales
quirografarios
Esta última es una categoría
residual. La integran los créditos que no hayan sido reconocidos por sentencia
ejecutoriada, los que no tengan naturaleza salarial y aquellos que aun teniendo
naturaleza salarial, correspondan a una período anterior a los 6 meses por los
que el artículo 1.732 otorga un privilegio (en el caso de la quiebra), un año
(en el caso del concurso), el último viaje (en el caso de los salarios de
capitán y la tripulación) o el último mes (en el ámbito aeronáutico).
