Intervención judicial

Por Carlos López

A. Concepto

La intervención judicial de una sociedad consiste en la designación de una o más personas para hacerse cargo de la administración de una sociedad, desplazando a los administradores convencionales o para coadministrar o para controlar la administración o para ejecutar una medida concreta propia de un órgano de administración. La designación se hace con carácter transitorio y en circunstancias excepcionales.

Su fundamento es la tutela de los intereses sociales de los socios, que pueden verse afectados por una actuación indebida de los administradores o por la inactividad de los órganos de administración, ocasionada por una vacancia o por cualquier otro hecho que impida la adopción de resoluciones válidas y, por ende, trabe la marcha normal de la sociedad.

Cuando la sociedad se ve afectada por una mala gestión o por la inactividad de los órganos sociales, se perjudica el patrimonio social y con ellos los intereses comunes de los socios. 

Cuando se trata de desplazar a los administradores designados en el contrato o por acto posterior o de designar un coadministrador o un veedor, la intervención se maneja y se debe aplicar con criterio restrictivo por las siguientes razones:

a) La intervención judicial constituye una limitación al derecho de propiedad, puesto que suprime los atributos del dominio, esto es, la facultad de usar, gozar y disponer de bienes que integran el patrimonio social.

b) La intervención supone la alteración de la estructura societaria, pues interfiere en el régimen de administración organizado por los socios cuando celebraron el contrato de sociedad.

Tratándose de la intervención de una sociedad anónima, presupone desconocer el normal funcionamiento de las Asambleas de Accionistas, órgano natural para la designación y revocación de los administradores.

c) Si bien, la intervención judicial se esgrime como un instrumento para las defensas de la minoría no debe desconocerse el importante papel que juega el principio de las mayorías como único resorte posible para el funcionamiento de las sociedades mercantiles, resorte expresamente previsto en los textos legales.

Las minorías tienen como recursos normales para su defensa, entre otros, la impugnación de las Asambleas y las acciones de responsabilidad contra los directores. La intervención judicial es un recurso excepcional.

Cuando la designación de un interventor se hace necesaria, para solucionar una situación en que los órganos sociales no funcionan, no corresponde aplicar el mismo criterio restrictivo, ya que no se dan las razones antes apuntadas. Frente a la acefalía de la administración, frente a una imposibilidad de actuar de los órganos sociales, no existe más que la alternativa de una intervención judicial, mediante la cual se instrumente la inmediata normalización en el funcionamiento de los órganos sociales y, en tanto se logra, se tomen las providencias de administración necesarias.

B. Normas aplicables y ámbito de aplicación

La ley incorpora cinco artículos, en la Sección XIV (arts. 184 a 188), para regular la intervención judicial de las sociedades.

Hasta la sanción de esta ley, en nuestro derecho no estaba reglamentada la intervención judicial de las sociedades comerciales. Sin perjuicio de ello, por aplicación de las normas procesales que autorizan la aplicación de medidas cautelares para asegurar el resultado de un juicio, se habían decretado muchas intervenciones judiciales, en nuestro medio.

Entiendo que ha sido una medida prudente legislar sobre la materia para reglamentar su aplicación, estableciendo los casos taxativamente previstos por la ley en que ella procede y condicionándola de tal modo que se eviten abusos y desvíos.

Sobre el ámbito de aplicación de estas normas de intervención diré, en primer lugar, que se reglamenta la intervención decretada por los órganos judiciales, como medida cautelar y en algunos casos como medida autosatisfactiva (art. 184, inc. 2 y art. 462).

En segundo lugar diré que las normas se aplican a todos los tipos sociales.

Podrá decretarse la intervención de una sociedad nula o irregular o en liquidación, puesto que la ley no distingue. En cualquiera de esas hipótesis podría resultar útil este instituto. Así, por ejemplo, en materia de sociedades irregulares, podría solicitarse como medida cautelar del juicio de disolución de la sociedad; tratándose de una sociedad nula, podría pedirla el socio que quiere promover el juicio de anulación. En caso de liquidación podría utilizarse como medida cautelar del juicio de remoción de los liquidadores.

C. Particularidades de la intervención

1. Personas legitimadas para pedir intervención

Sólo pueden solicitar la intervención los socios o accionistas (art. 185).

En materia de sociedades anónimas, el art. 411 autoriza al órgano estatal de control a solicitar al Juez competente, la intervención de la administración, en los casos de grave violación de la ley o del contrato social.

Los accionistas de una Sociedad Anónima pueden, entonces, pedir una intervención directamente o denunciar hechos que motiven la actuación del órgano Estatal de control (art. 410). Luego este órgano deberá solicitar la intervención judicial.

La ley no autoriza a los acreedores a pedir la intervención de la sociedad, que es su deudora. Ello se justifica pues los acreedores tienen otros recursos legales como el embargo preventivo. Si se admitiera intervenciones a pedido de acreedores, ellas servirían sin duda, a indebidas intromisiones de éstos en la vida interna de la sociedad.

El art. 185 establece los presupuestos que deben darse para que el Juez decrete una intervención.

1) El peticionante debe acreditar su calidad de socio o accionista.

2) El peticionante debe probar los hechos invocados que justifican la intervención.

3) Se debe probar que se agotaron los recursos previstos en el contrato. La ley se refiere a la utilización de los mecanismos internos que se pudieron haber convenido para solucionar conflictos de esta especie.

Entiendo que el peticionante debe haber planteado previamente el asunto a sus consocios o pedido la convocatoria de una Asamblea de Accionistas, según el tipo social, para tratar el asunto que amerita la intervención y para intentar una solución por la vía del funcionamiento normal de los órganos sociales.

Si el peticionante ha intentado las vías convencionales, sin resultado, se podrá considerar agotada la vía interna.

Si en las circunstancias que ameritan una intervención, la mayoría, no atiende los reclamos del socio o accionista éste podrá reclamar la intervención judicial. Si reunidos los socios, por mayoría, se resolviera no atender las denuncias del socio, se considerará también que se agotaron recursos.

Puede entenderse que si se admitiera, en la hipótesis planteada precedentemente, la posibilidad de un socio o accionista de pedir intervención, ello colidaría con los principios generales recogidos en la ley, que ponen la decisión de los negocios sociales en manos de la mayoría. Consideramos que en tal caso, el Juez resolverá según las circunstancias del caso y la naturaleza y gravedad de los hechos denunciados.

El agotamiento de recursos, no comprende la acción judicial para impugnar la resolución de una asamblea, para el caso de que ésta hubiera aprobado la gestión denunciada. La ley sólo se refiere a la necesidad de agotar recursos previstos en el contrato.

La ley argentina establece, como condición, que se haya iniciado un juicio de remoción de los administradores responsables. Tal exigencia no está en nuestra ley; pero muchas veces esta medida cautelar se ha de dar para asegurar los resultados de un juicio de responsabilidad y remoción de administradores.

2. Casos en que procede la intervención

La intervención sólo puede solicitarse en tres situaciones previstas por la ley:

a) que exista una actuación u omisiones de los administradores que pongan en peligro grave a la sociedad;

b) que los administradores nieguen a los socios el ejercicio de derechos esenciales;

c) cuando no actúan los órganos sociales o no pueden adoptar resoluciones válidas.

Primera hipótesis. Sólo la existencia de un peligro grave para las sociedades, para su estructura, para la integridad de su patrimonio o para su existencia, justifica la medida excepcional de una intervención.

Si la sociedad ya ha sufrido daños se impone la intervención toda vez que tales daños se puedan acrecentar.

Se excluye la posibilidad de pedir una intervención invocando razones de conveniencia o utilidad.

Segunda hipótesis. La ley admite la intervención cuando los actos de los administradores afecten derechos esenciales de los socios.

No se podrá decretar una intervención frente a cualquier acto u omisión que vulnere derechos de menor importancia o trascendencia.

La ley en el art. 319 establece cuáles son los derechos fundamentales del accionista de una sociedad anónima. Tratándose de socios de otros tipos sociales, se aplicará el art. 319 por analogía, para determinar cuándo se trata de un derecho esencial.

En general, para cada derecho atribuido existe una correspondiente defensa legal; pero cuando ni aún utilizando los recursos acordados por la ley se obtiene una tutela efectiva, queda al socio o accionista la posibilidad de acudir a este instituto.

Como, según hemos de ver, el Juez debe resolver la adopción de una medida de intervención con carácter restrictivo, cada caso será objeto de un especial análisis y determinará distinta intensidad en la medida, de acuerdo a la naturaleza del derecho desconocido.

Tercera hipótesis. No actúan los órganos sociales, cuando, por ejemplo, han quedado desintegrados o cuando estando integrados no se pueda adoptar resoluciones porque hay empate y no se ha previsto contractualmente la forma de salir de él o cuando, por cualquier circunstancia, se obstaculiza la actuación de quienes los integran.

3.  Finalidad de la intervención: medida cautelar o medida autosatisfactiva

La intervención puede promoverse como medida cautelar o como medida autosatisfactiva.

Como principio general se ha establecido que corresponde la intervención como una medida cautelar para asegurar el resultado de un juicio.

Como excepción puede decretarse la intervención como medida autosatisfactiva.

a) Medida cautelar

El art. 188 dispone, para lo no previsto especialmente en esta sección, la aplicación del Libro II, título II del Código General del Proceso en que se regulan las medidas cautelares.

De acuerdo al Código General del Proceso, se puede adoptar en cualquier estado de una causa o como diligencia preliminar. Si se solicita como diligencia preliminar la demanda debe entablarse dentro de los treinta días de adoptada la medida, bajo sanción de caducidad y de condena al peticionante a los gastos del proceso y a los daños y perjuicios causados (art. 311.2).

Por ejemplo, se podrá promover como medida cautelar de una acción de responsabilidad contra los administradores o directores de una sociedad o de una acción de remoción. También se podría solicitar como medida cautelar de un juicio de inoponibilidad de la personería jurídica.

b) Medida autosatisfactiva

Como medida autosatisfactiva sólo se puede plantear cuando los órganos sociales no funcionen o no puedan adoptar resoluciones válidas. La medida cautelar de esta índole se aplicará en estas circunstancias excepcionales; intervenida la sociedad para solucionar el defecto de su funcionamiento no se necesita iniciar ningún juicio posterior.

En ningún otro caso o circunstancia podrá usarse como medida autosatisfactiva. La ley ha restringido las posibilidades de utilización de este mecanismo excepcional porque significa el desplazamiento de las autoridades naturales de las sociedades. 

No se puede pedir una intervención administrativa con el objeto de preparar un juicio. En una diligencia preparatoria podrá pedirse una exhibición general de libros (aplicando el art. 71 del Código de Comercio) o una pericia contable o una inspección ocular en que se constaten determinadas irregularidades para preparar la iniciación de un juicio futuro.

Es improcedente que un socio o accionista de una sociedad solicite una intervención para que el interventor designado realice investigaciones y busque elementos probatorios o indiciarios de presuntas irregularidades, para luego iniciar o no juicio según se hayan encontrado o no elementos suficientes para ello. La concreción de una medida de esta especie no se ajusta a derecho. No se puede dar al accionista un instrumento que significa una alteración de la organización societaria, con el mero objeto de que se pueda preconstituir una prueba para un juicio futuro eventual y a iniciar según lo que se llegue a investigar.

La intervención –cualquiera fuere su grado- supone una intromisión en la vida societaria que sólo se puede decretar en el marco de las medidas cautelares con todas la garantías que ellas presuponen (contracautela, justificación sumaria de la necesidad de la medida, juicio posterior inmediato) o en el marco de un juicio ordinario.

4.  Modalidades de intervención

La ley prevé distintas modalidades de intervención:

a. Designación de un mero veedor.

Este es el grado más leve de intervención, ya que el veedor inspecciona, vigila y controla para informar al Juez sobre toda irregularidad que constate.

En rigor el veedor no es un interventor, puesto que no participa en la administración de la sociedad.

b.  Ejecutor de medidas concretas.

Sería por ejemplo, el que se designara para convocar a una asamblea o para actualizar la contabilidad o levantar un inventario de los bienes sociales o confeccionar un balance o realizar una auditoría.

c. Interventor sin desplazamiento del administrador o directorio.

En este caso, quedan en sus cargos los administradores, diríamos naturales de la sociedad; pero no podrán tomar decisiones sin la conformidad del interventor.

El Juez dispondrá cómo y con qué facultades actuará.

Es una buena solución, pues se mantiene en sus cargos a los administradores naturales, que conocen el negocio, objeto de la actividad social, que están interiorizados de su marcha y de la situación de la empresa.

d. Interventor con desplazamiento del administrador o directorio

 La designación de uno o más interventores, con desplazamiento provisorio de los naturales. Es la medida más severa.

El Juez debe fijar –para cualquiera de las modalidades- los cometidos y atribuciones del interventor, para lo cual atenderá a las circunstancias del caso. El Código General del Proceso dispone que las atribuciones que se le confieren serán las estrictamente indispensables para asegurar el derecho que se invoque, debiéndose, en lo posible, procurar la continuación de la explotación intervenida (art. 316.2).

La ley de sociedades limita al Juez, estableciendo que no puede dar más atribuciones que las que tienen los administradores de la sociedad por la ley o por el acto constitutivo. Se agrega que los interventores requieren para enajenar los bienes que componen el activo fijo o para gravarlo autorización judicial fundada. También se exige autorización judicial para transar, conciliar y suscribir compromisos arbitrales.