Socios
Por
Nuri Rodríguez Olivera, Carlos López Rodríguez & Virginia Bado Cardozo
I.
De los socios en general
El artículo
44 de la Ley de Sociedades Comerciales (L.S.C.) dispone lo siguiente:
“Para
ser socio de una sociedad comercial se requerirá la capacidad para ejercer
el comercio, salvo las excepciones establecidas en esta ley”.
El artículo
8 del Código de Comercio, establece quienes tienen capacidad legal para ejercer
el comercio. La norma dispone:
“Es hábil para ejercer el comercio toda persona que, según las leyes comunes,
tiene la libre administración de sus bienes”.
La libre
administración de sus bienes la tienen todos aquellos que son capaces de
contratar. El Código de Comercio en su artículo 191 remite al Código Civil en
esta materia.
En efecto,
este artículo dispone:
“Las prescripciones del derecho civil sobre la capacidad de los contrayentes,
requisitos de los contratos, excepciones que impiden su ejecución y causas que
los anulan o rescinden, son aplicables a los contratos comerciales bajo las
modificaciones y restricciones establecidas por este Código”.
Al encontrarnos frente a un tema de
capacidad, específicamente de capacidad para ser socio de una sociedad
comercial, debemos remitirnos al artículo 1278 del Código Civil.
Por otra parte, hay personas que,
aunque tienen la libre administración de sus bienes, no son capaces de
comerciar porque lo tienen prohibido. Son los casos señalados en los artículos
27 y 29 del Código de Comercio que ya fueron analizados cuando se estudió al
comerciante.
A continuación se estudiarán los
sujetos que no pueden ser socios de una sociedad comercial, sea porque no tienen
la libre administración de sus bienes, o sea porque no pueden ejercer el
comercio.
* Personas físicas incapaces para ejercer el comercio y por ende para ser socios
El capítulo
II del primer título del C.Com. está dedicado al tema de la capacidad legal
para ejercer el comercio. Según este capítulo serían incapaces para ejercer
el comercio quienes no tienen la libre administración de sus bienes ni pueden
obligarse contractualmente (art. 8) y aquéllos a los que expresamente se prohíbe
comerciar (arts. 27-29).
El C.Com.
no establece por sí mismo quienes no tienen la libre administración de sus
bienes ni pueden
obligarse
contractualmente sino que remite, respecto de este tema, a las "leyes
comunes". Con la expresión "leyes comunes" el C.Com. se refiere
al Código Civil (C.C.).
Según el
C.C. pueden contratar todas las personas que no estuviesen declaradas incapaces
por ley (art. 1.278).
A
continuación, el C.C. declara que existen dos tipos de incapacidades: absolutas
y relativas. Al respecto, nos remitimos a lo estudiado en la clase dedicada al
comerciante.
* Personas jurídicas que no pueden ejercer el comercio y por ende ser
socias
Las
personas jurídicas pueden ser socias de una sociedad comercial. Para ello deben
tener capacidad para ejercer el comercio. Sin embargo, no todas las personas jurídicas
tienen capacidad para contratar.
Las
personas jurídicas comerciantes por antonomasia son las sociedades comerciales.
El art. 4 establece la comercialidad formal de las sociedades que adopten alguno
de los tipos previstos por la Ley 16.060, cualquiera sea su objeto. Cualquiera
de los tipos societarios previstos en la Ley de Sociedades Comerciales puede ser
socia de una sociedad comercial, siempre y cuando sea persona jurídica.
Las
sociedades civiles no son personas jurídicas, por lo tanto no pueden ser socias
de una sociedad comercial.
Las
sociedades accidentales o en participación, tampoco pueden ser socias porque
carecen de personalidad jurídica.
En el mismo
sentido, los consorcios no pueden
formar parte de una sociedad comercial por carecer del atributo de la
personalidad jurídica.
Las
personas que no tienen capacidad para ejercer el comercio no pueden ser socias
de una sociedad comercial. Sin embargo pueden llegar a serlo siempre y cuando
estén correctamente representados y sus representantes cumplan los requisitos
establecidos en la Ley. A
continuación se estudiarán las excepciones al principio general de la
capacidad.
Art. 44,
inc. 2º:
"Los padres, tutores y curadores no podrán contratar sociedad ni adquirir
participaciones, cuotas sociales o acciones por sus representados sin
autorización judicial fundada. En ningún caso se concederá esa autorización si
el menor o el incapaz asumieran la calidad de socios ilimitadamente
responsables".
Para que el
incapaz reciba por herencia, legado o donación una participación social, su
representante debe cumplir las condiciones legales establecidas en la Ley:
Art. 45,
inc. 1º y 2º:
“Cuando un incapaz reciba por herencia, legado o donación una
participación o cuota social, sus representantes deberán solicitar autorización
judicial para aceptarla y permitir que aquél continúe en la sociedad, la que
será acordada si el Juez lo estima conveniente para los intereses del incapaz
dadas las circunstancias del caso.
“Si la
participación es la de socio ilimitadamente responsable, el Juez condicionará
su autorización a la modificación del contrato o la transformación de la
sociedad, a fin de atribuirle al incapaz la calidad de socio o accionista no
responsable por las obligaciones sociales.
En los casos
de los incisos precedentes y hasta que se dicte resolución definitiva, la
sociedad continuará provisoriamente y el incapaz no responderá por las
obligaciones sociales.
El
representante ejercerá todos los derechos que como socio le correspondan al
incapaz: percibirá y administrará las ganancias conforme a las normas
pertinentes del C.C. ".
Es
importante destacar que para el caso de S.A. la Ley tiene otra solución: no se
requerirá autorización judicial cuando el incapaz reciba acciones.
a.
Sociedad entre padres e hijos
De acuerdo
al artículo 46, los padres podrán celebrar o participar en sociedades con sus
hijos menores, siempre y cuando, previamente, se nombre un curador especial y se
obtenga la autorización judicial. Otorgada que sea, el menor siempre debe
revestir la condición de socio limitadamente responsable
El mismo
artículo en su segundo inciso prohíbe a
los tutores y curadores celebrar sociedad con sus representados.
La
Ley de sociedades no contiene normas especiales respecto a la celebración de un
contrato de sociedad comercial entre cónyuges. Al no prohibirlo puede
considerarse que ello está permitido. Sin embargo, debe tenerse en cuenta lo
siguiente: hay contratos que no pueden celebrarse entre los esposos: el de
donación (art. 1.657 C.C.) y el de compraventa (art. 1.675 C.C.). Estos
contratos están prohibidos, porque pueden colisionar con el régimen de ganancialidad impuesto por el matrimonio (salvo cuando los esposos estén
separados de bienes en cuyo caso no se aplica).
En
conclusión: los cónyuges podrán celebrar un contrato de sociedad comercial,
siempre y cuando:
·
no se utilice
ésta persona jurídica con el objeto de encubrir una donación o una
compraventa prohibida
·
no se utilice
la sociedad comercial para burlar el régimen de ganancialidad de los bienes.
Si
se celebra la sociedad comercial incumpliendo lo anterior, esta sociedad
comercial puede ser objeto de la acción de “desconsideración de la
personalidad jurídica” ya estudiada .
La sociedad
comercial es, para nuestro derecho positivo, un contrato y a la vez un sujeto de
derecho. Como persona, la sociedad puede celebrar negocios jurídicos de todo
tipo. En lo que ahora nos interesa, una sociedad comercial puede ser socia de
otra mediante la adquisición de participaciones
societarias de otras sociedades (participación de sociedades), puede participar
con otra u otras sociedades en la constitución de una nueva sociedad (sociedad
de sociedades) o puede celebrar contratos de fusión.
En
cualquiera de tales negocios, se produce una modificación de las estructuras
societarias preexistentes o creación de sociedades nuevas, con o sin disolución
de las sociedades intervinientes.
Todos los
negocios mencionados producen una concentración societaria, pues las distintas
sociedades se unen en distintos grados para la consecución de fines societarios
.
Para que
una sociedad comercial pueda celebrar negocios jurídicos, debe cumplir una
condición: esos negocios jurídicos no deben ser notoriamente extraños al
objeto social.
Los casos
en los que una sociedad es socia de otra (participación de sociedades,
sociedades vinculadas, sociedades controladas y sociedades con participaciones
recíprocas) y el caso de la adquisición de las participaciones sociales
propias, será estudiado en la bolilla correspondiente.
El socio
adquiere, por el contrato social, un estatuto jurídico. Nace para el socio, a
partir de la celebración del contrato, un complejo haz de derechos,
obligaciones, prohibiciones y responsabilidades, que lo relacionan con sus
consocios, con la sociedad y con los terceros.
A este haz,
conformante de un estatuto especial, se lo conoce como “status” de socio o posición de socio.
Al
contratar sociedad, el socio entra en relación con los demás socios
contratantes y con la sociedad creada. Eventualmente - en los tipos sociales en
que el socio responde personalmente por las deudas sociales – se relaciona
también con los terceros que contratan con la sociedad. Todos esos derechos y
obligaciones de los socios están ligados y entrelazados entre sí. La
participación del socio en el contrato social es la que le atribuye la calidad
de socio.
En
las sociedades colectivas, en comandita
simple y de capital e industria,
la participación del socio se denomina “parte
de interés”. Las partes pueden ser iguales o desiguales, y
divisibles.
El
socio que quiere hacer valer sus derechos como tal, entonces, debe acreditar que
a él le corresponde una parte de interés en el contrato social. Como, en estos
tipos sociales, su nombre aparece necesariamente en el contrato social, el socio
puede justificar su calidad de tal mediante la exhibición del contrato social.
En las sociedades
de responsabilidad limitada, el capital se divide en “cuotas”
iguales e indivisibles. Por su aporte cada socio adquiere una o más cuotas. La
distribución de cuotas se efectúa en el propio contrato. Esa división permite
que un socio puede ceder todas o parte de sus cuotas, conservando otras; pero
para ceder debe cumplir con ciertas exigencias impuestas por la L.S.C. y con las
formalidades de la constitución de la sociedad. La posición del socio se
desprende del contenido del contrato, como en el caso de las colectivas.
En las sociedades
cooperativas, también, se divide el capital en “cuotas”.
Cada socio puede tener más de una cuota; pero
la participación del socio no consta en el estatuto de la cooperativa. En estas
sociedades rige el principio cooperativista de “puertas
abiertas”. Los socios ingresan y egresan libremente y, cuando lo hacen, se
asienta contablemente su aporte o el retiro del capital aportado.
En las S.A.
el capital también se fracciona; cada fracción recibe el nombre de “acción”
y puede ser representada en el título negociable que también se llama acción.
En el caso de las S.A. la distribución de las acciones entre los accionistas no
resulta del estatuto. La condición de socio deriva de la propiedad del título
accionario, salvo en el caso de que se trate de acciones escriturales. De
acuerdo al art. 296 de la L.S.C., las acciones son indivisibles.
Para la sociedad
en comandita por acciones, el art. 474 la L.S.C. dispone que el capital
comanditario se dividirá en acciones,
que podrán representarse en títulos negociables.
El status
jurídico que le confiere al socio su participación, ha sido tratado,
especialmente, en la Sección VII del Capítulo I de la L.S.C.. Dedicaremos las
páginas siguientes al estudio de esta sección.
La
calidad de socio puede haber sido adquirida en forma original o derivada.
En algunos
tipos sociales – sociedades colectivas, sociedades de capital e industria,
sociedades en comandita y , S.R.L. – el nombre del socio figura en el contrato
social; lo firmó conjuntamente con los otros. La calidad de socio, entonces,
puede adquirirse en forma originaria, con la celebración del contrato.
Art.
57, inc. 1º, L.S.C.: “Los derechos y
obligaciones de los socios comenzarán en la fecha establecida en el contrato de
sociedad y si ella no se hubiere estipulado, desde la fecha de su
otorgamiento”.
Ante todo debe estarse a lo estipulado en el
contrato, que puede fijar una fecha para el
ejercicio de los derechos y para el cumplimiento de las obligaciones.
Si el contrato nada dice,
los derechos y obligaciones comienzan en la fecha del otorgamiento del contrato.
Adviértase que la celebración del contrato no coincide necesariamente con el
aporte. Se puede ser socio y, sin embargo, todavía no haber cumplido con el
aporte. La calidad de socio, precisamente, es lo que hace surgir la obligación
de aportar.
En
materia de S.A., la calidad de socio fundador coincide con la celebración del
contrato. El fundador de una S.A. adquiere
la calidad de socio en el momento de celebración del contrato social. Podría,
no obstante, señalarse un matiz de diferencia con la calidad de accionista.
Esta última surgiría recién cuando se emitan las acciones, puesto que
accionista es quien posee, por lo menos, una acción. Las acciones se emiten una
vez culminado el proceso constitutivo.
En
sede de S.A. se prevé que se aumente el capital mediante nuevos aportes (art.
283 L.S.C.). Estos nuevos aportes suponen, obviamente, la emisión de nuevas
acciones. Quienes suscriban estas acciones adquirirán originariamente,
entonces, la calidad de socio.
En
el caso de fusión, los socios o accionistas de las sociedades que se fusionan
adquieren la calidad de socios en forma originaria, en las condiciones que se
establecen en el compromiso de fusión (art. 125 L.S.C.).
Consideraremos
derivadas aquellas modalidades en las cuales la adquisición de la calidad de
socio proviene de su incorporación a una sociedad preexistente.
Hay
adquisición derivada cuando una persona adquiere una parte o una cuota o una
acción de una sociedad por acto entre vivos o por sucesión por causa de
muerte.
La
adquisición, también, se considera derivada cuando
se produce por disolución y liquidación de una sociedad conyugal.
Con la
transmisión de la parte o la cesión de la cuota o la transferencia de la acción
social se transmite al adquirente la posición de socio.
En las
sociedades colectivas, de capital e industria y en comandita simple, la
participación del socio se denomina “parte
de interés”. Las sociedades que corresponden a estos tipos son “intuitu
personæ”, esto es: en ellas reviste importancia fundamental la persona de
los socios. Por tal razón, en principio, ningún socio puede trasmitir su parte
de interés a otra persona sin el consentimiento unánime de los demás.
Este principio se encuentra establecido en el art. 211, inc. 1º:
“La cesión de una parte social a otro
socio o a un extraño, requerirá el consentimiento unánime de los socios”.
La L.S.C.,
sin embargo, habilita una excepción al principio de la unanimidad respecto de
la cesión a otro socio, siempre que tal posibilidad haya sido pactada en el
contrato social, lo cual supone un consentimiento anticipado a la transmisión.
Dice el art. 211, en la continuación de su
inc. 1º: “Se admitirá pacto en contrario sólo para la cesión a otro socio. Si
el cedente fuera administrador deberá designarse su sustituto”.
Interesa la
transmisión especialmente cuando se trata de una parte social, de socios
personal, solidaria y subsidiariamente responsables de las deudas sociales. En
este caso, la transmisión puede afectar a terceros, que ven alteradas las
responsabilidades que hasta el momento tenían
en cuenta.
En las
S.R.L., las participaciones reciben el nombre de cuota social. A cada cuota le
corresponde a un valor fijo, determinado en el contrato social. Las cuotas son
indivisibles.
El régimen
de transmisión es complejo y se analizará a continuación (arts. 231 a 233).
El contrato social podrá fijar normas para la valuación de las cuotas que
asegure un precio justo y establecer restricciones para su cesión, pero no podrá
prohibir la transmisión (art. 233).
La L.S.C.
distingue según se trate de ceder todas sus cuotas o algunas de ellas a otro
socio o a un extraño. La cesión de
cuotas entre socios es libre, salvo pacto en contrario que establezca
limitaciones a la transmisión o que la cesión produzca la variación del régimen
de mayorías.
En efecto,
el art. 231de la Ley dispone:
“(Cesión
de cuotas entre socios). La cesión de cuotas entre socios será libre,
salvo las limitaciones establecidas en el contrato social o cuando varíe el régimen
legal de mayorías, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el inciso primero
del artículo siguiente”.
Que la cesión
sea libre, significa que un socio puede trasmitir a otro su cuota social sin
requerir la aprobación de los demás.
A través
de sucesivas cesiones o de una sola, un socio que no tenía la mayoría puede
llegar a tenerla y, entonces, cambia el equilibrio de los poderes entre los
distintos socios. Si eso puede ser alterado por la cesión, la cesión ya no es
libre sino que va a estar reglamentada de la misma manera que la cesión de
cuota a un tercero.
La L.S.C.
estableció un procedimiento para la transmisión de cuotas a terceros, cuyo
primer paso es la obtención del consentimiento del 75 % de los socios, cuando
la sociedad tanga más de cinco socios.
Si
se trata de una sociedad de cinco o menos de cinco socio, se requiere la
unanimidad de éstos - como si fuera una colectiva - para que las cuotas puedan
ser cedidas. Esto es lo que establece el art. 232, inc. 1º:
“(Cesión
de cuotas a terceros). Las cuotas no podrán se cedidas a terceros sino con el
acuerdo de socios que representen el 75 % (setenta y cinco por ciento) del
capital cuando la sociedad tenga más de cinco socios y por unanimidad cuando
tenga cinco o menos. No se computará el capital del socio cedente”.
En los
incisos siguiente, el art. 232 establece la mecánica para la cesión. Para la
obtención del consentimiento que exige la L.S.C., quien se propone ceder deberá
comunicar su intención a los demás socios.
Éstos tiene 15 días para decir si consienten o no la cesión. Si no se
dice nada, se entenderá que consienten.
Si se
formulan oposiciones que superen el 25 %, quien se propone cede puede insistir
en su intento y plantearlo a la justicia. El Juez que deberá a escuchar a todos
los interesados. Si no existe justa causa de oposición, el Juez puede autorizar
la cesión, en cuyo caso nace el derecho de los otros socios de adquirir la
cuota que se pretende entregar. La opción concedida a los demás socios debe
ejercerse en el plazo de 10 días.
Si más de
un socio quiere la cuota, se prorratea entre los socios y, si no fuere posible,
porque como no se puede fraccionar la cuota - si es sólo una cuota lo que se
transfiere - entonces se la adjudica por sorteo.
La otra
opción establecida en la L.S.C. es que, si ningún socio ejerce la preferencia,
la sociedad puede resolver adquirir la participación con utilidades o resolver
la reducción del capital social. Reducido el capital social en el importe de la
cuota cedida, se le devuelve la alícuota del patrimonio al socio que quería
ceder. El plazo para ejercer esta opción es también de 10 días. En esta opción,
la sociedad o los socios no quieren el ingreso de un socio nuevo, de un
extraño y prefieren darle
su parte, que se vaya y que la sociedad reduzca su capital.
No fue
previsto por la L.S.C. la posibilidad de que en el contrato social se haya
pactado un régimen diferente al legal respecto de la transmisión de cuotas a
terceros.
El art. 233
se refiere a la posibilidad de impugnar el precio de la cuota, al tiempo de
ejercer la opción, sometiéndose al resultado de una pericia judicial. El valor
fijado por la tasación será obligatorio, salvo que sea mayor que el de la cesión
propuesta o menor que el ofrecido por los impugnantes.
En las S.A.
y en las sociedades en comandita por acciones - para representar el capital
comanditario - a la participación del socio le corresponden acciones de igual
valor, en la forma y por los montos que se estipulen en el contrato social. La
acción es un ejemplo de título de participación. Es un documento creado por
una S.A. y que se entrega a quien ha aportado capital. Representa la participación
del socio en el capital integrado de la sociedad y, a la vez,
los derechos que tal participación le atribuye. Su tenedor, exhibiendo
el título accionario, puede ejercer los derechos correspondientes al socio:
derecho al voto, derecho al cobro de dividendos, derecho a una parte del
patrimonio social, cuando se disuelva la sociedad, etc.. El accionista trasmite
su posición (status) de socio con la sola transferencia del papel acción.
Las acciones no tienen todos los
caracteres que la Ley atribuye a los títulos valores. Con la acción la
sociedad emisora no crea un derecho nuevo sino que documenta la relación
societaria del accionista con la sociedad.
El
principio es que la transmisión de las acciones es libre
(art. 305, inc. 1º). Sin embargo, el procedimiento para la transmisión de la
calidad de socio de una S.A. depende de la clase de acción de que se trate. NO
influye para nada que se trate de S.A. abiertas o cerradas.
Las
acciones pueden estar representadas en títulos negociables o no (art. 244). La
representación en títulos negociables no es de la esencia del tipo. El
estatuto social pude disponer que no se librarán títulos accionarios. La ley
llama “acciones escriturales” a las acciones no representadas por títulos.
En este caso, la propiedad de las acciones resultará de las anotaciones en el
Libro de Registro de Acciones Escriturales (art. 303).
En el caso
de que las acciones se representen en títulos negociables, es posible la
transmisión de la calidad de socio mediante la transferencia de las acciones.
Las acciones representadas en títulos negociables pueden ser nominativas o al
portador. Los particulares, al constituir una sociedad, resuelven la forma en
que se han de emitir. Sólo se impone la nominatividad para ciertas actividades,
en virtud de leyes especiales, dictadas antes y después de la L.S.C..
Las
acciones al portador se trasmiten por la sola y simple entrega material. La
calidad de accionista se acredita con la posesión del título.
La
transmisión de las acciones nominativas o de las escriturales, debe notificarse
a la sociedad por escrito e inscribirse en el libro de registro de acciones
(art. 333 y 334). La transmisión produce efectos respecto de la sociedad y de
terceros, sólo después de la inscripción (art. 305, inc. 2º).
El
estatuto puede determinar que las acciones nominativas sean endosables o no. Las
acciones nominativas endosables se
trasmiten por una cadena ininterrumpida de endosos (art. 305, inc. 4º). Para el
ejercicio de sus derechos el endosatario deberá solicitar su registro. Las
acciones nominativas no endosables se transmiten mediante la cesión de
créditos y para el ejercicio de sus derechos, el cesionario debe solicitar su
registro.
El estatuto
social pude disponer que no se librarán títulos accionarios. La L.S.C. llama
“acciones escriturales” a las
acciones no representadas por títulos. En este caso, la propiedad de las
acciones resultará de las anotaciones en el Libro de Registro de Acciones
Escriturales (art. 303). Cuando la acción es escritural, entonces, se trasmitirá
mediante la inscripción de la transmisión en el libro registro de
acciones escriturales.
Según
establece el art. 305, inc. 3º, el contrato social puede limitar la
transmisibilidad de las acciones nominativas o de las escriturales, siempre que
esto no implique la prohibición de su transferencia. La limitación debe
constar en el propio título o en el libro registro de acciones escriturales, en
su caso.
La muerte
de un socio es causa de rescisión parcial en las sociedades colectivas, en
comandita y de capital e industria, salvo que se pacte lo contrario. En otras
palabras, en estos tipos societarios, si uno de los socios fallece se produce la
rescisión parcial del contrato a su respecto; esto es, se rescinde el contrato
respecto al fallecido salvo que, en el contrato se pacte que en su lugar, quedará
un heredero o el cónyuge supérstite. El art. 146 establece que se puede pactar que la sociedad
continúe con los herederos o el cónyuge del socio fallecido, así como con el
representante del socio incapaz. En estos casos, se adquiere la calidad de socio
en forma derivada.
La
Ley establece:
"El pacto obligará a los
sucesores del socio fallecido y al cónyuge supérstite en su caso. Si el socio
fallecido fuera de responsabilidad ilimitada, sus sucesores podrán condicionar
su permanencia en la sociedad a la transformación del tipo social, de manera
que su responsabilidad no exceda la participación del causante. Este derecho
deberá necesariamente ejercerse dentro del término de un año a contar de la
muerte del socio".
Ni la
muerte ni la incapacidad de uno de los socios es causa de rescisión en las
S.R.L.. De acuerdo a la Ley, la transferencia de las cuotas por causa de muerte,
se realizará de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 232 ya
estudiado. Sólo en caso de existir un pacto de continuación con los herederos
o con el cónyuge supérstite se desconocerá esta norma.
En efecto, el artículo 235 dispone:
"La
transferencia de las cuotas por causa de muerte se regirá por el artículo 232
salvo que se haya previsto pacto de continuación con los sucesores o el cónyuge
del socio fallecido".
c. Caso del
accionista
Por
principio la transmisión de las acciones es libre. Al ser un bien mueble, se
transmitirán a los herederos como se transmiten los demás bienes sucesorios,
pero siempre teniendo presente las normas de transmisión de las acciones
nominativas y escriturales.
De acuerdo
al artículo 236, la disolución y liquidación de la sociedad conyugal de un
socio, tampoco es causa de rescisión parcial del contrato de sociedad, por el
contrario es de aplicación el artículo 235 citado.
Si
un socio deviene incapaz, no por ello se produce la rescisión parcial del
contrato de sociedad. De acuerdo al art. 146, inc. 5º:
"Si
se hubiera pactado la continuación de la sociedad para el caso de incapacidad
sobreviniente de un socio regirá lo dispuesto en el artículo 45".
La calidad
de socio se puede perder por la disolución
de la sociedad o por su rescisión
parcial respecto de alguno de los socios.
Hay
causales de disolución de las sociedades previstas en la L.S.C. (art. 159). El
contrato social puede prever causas de disolución. La calidad de socio se
mantiene durante todo el proceso de liquidación y se pierde efectivamente,
cuando culmine ese proceso.
Hay
causales de disolución que son aplicables a todos los tipos sociales.
Ellas son:
·
por decisión de los socios de acuerdo a cada
tipo social
·
a solicitud de cualquiera de los socios de
una sociedad irregular (art. 43).
·
por la consecución del objeto social o la
imposibilidad sobreviniente de lograrlo.
·
por la imposibilidad de funcionamiento de la
sociedad, su inactividad o la imposibilidad de lograr acuerdos sociales válidos.
·
por la realización continuada de actividad ilícita
o prohibida.
·
por pérdidas
que reduzcan el patrimonio social (inc. 6º).
·
por la Quiebra o la liquidación judicial en la S.A. c. Causales
de disolución que dependen del contrato o de la Ley.
·
por
expiración del plazo.
·
por el cumplimiento de la condición
resolutoria a que se subordinó la existencia de la sociedad.
·
por reducción
a uno del número de socios
·
por rescisión
parcial que desvirtúa el tipo social
·
por fusión o escisión
Hay una
causal de disolución especial para S.R.L.:
La L.S.C.
dispone que el número máximo de socios de este tipo social es de cincuenta.
Luego establece, en el art. 223, inc. 3º:
“Si por cualquier circunstancia llegara
a tener un número superior, deberá transformarse en sociedad anónima en el
plazo de dos años, bajo sanción de disolución, salvo que en ese plazo el número
de socios se reduzca a cincuenta o menos”.
Los efectos
de la disolución no se retrotraen a la fecha del hecho configurativo de la
causal de disolución. Respecto a los socios, produce sus efectos desde el
acuerdo o desde la declaración judicial (art. 163).
Respecto a
los terceros, la disolución produce sus efectos a partir de la inscripción en
el Registro. El art. 163 hace la salvedad de lo dispuesto en el art. 164. El
art. 164 establece la responsabilidad de los administradores
respecto a terceros, por las operaciones que se realicen después del
acuerdo o de la declaración judicial -
se haya o no inscripto - o después del vencimiento del plazo,
cuando sean ajenas a los fines de la liquidación a la cual deben
abocarse. También son responsables personal y solidariamente los socios. El
art. 164, entre paréntesis, menciona al art. 39 y éste dispone que los
terceros puede accionar, indistintamente contra la sociedad, los socios y los
administradores.
No se
requiere acuerdo ni declaración judicial cuando la disolución se produce por
vencimiento de plazo, fusión o escisión, por quiebra o liquidación judicial.
Si la disolución se produce por vencimiento del plazo, los efectos se producen
por el solo hecho de vencimiento.
La
rescisión parcial es un fenómeno por el cual el contrato de sociedad, que es
plurilateral, se rescinde respecto de un socio por la ocurrencia de determinadas
circunstancias. Sólo afecta la relación de ese socio con la sociedad; se
rescinde el contrato sólo respecto de ese socio. Los demás socios no se ven
afectados por esta rescisión, respecto a ellos el contrato de sociedad sigue
siendo vinculante.
Hay varias
causales de rescisión parcial que conllevan la pérdida del estado de socio.
Ellas son:
Frente a
determinados incumplimientos de un socio, la ley autoriza la rescisión del
contrato respecto a ese socio y la continuación de la sociedad con los
restantes. Ello se ajusta al carácter plurilateral del contrato.
El receso
es el retiro voluntario del socio. En la ley se prevé para hipótesis
especiales y se regula como un derecho del socio.
Cualquiera
de esos hechos provocan la rescisión respecto al socio afectado, cuando se
trata de una sociedad colectiva y salvo pacto en contrario. En las sociedades de
responsabilidad limitada los hechos referidos no son causales de rescisión
parcial, a menos que así se pacte en el contrato. De este modo, la L.S.C. da
soluciones de sentido opuesto para estos tipos sociales.
3.
Enajenación de
la participación social
El
régimen de enajenación de la participación social varía según se trate de
una parte de interés (como en las sociedades colectivas), una cuota (como en
las sociedades de responsabilidad limitada) o una acción (como en las
sociedades anónimas o en las en comandita por acciones). Los respectivos regímenes
de enajenación se analizarán cuando se estudie cada tipo societario en
particular.
La
principal obligación del socio es la de aportar. Los aportes constituyen el
patrimonio social. Por ser la sociedad un contrato plurilateral y por ser
persona jurídica, las prestaciones que los socios se obligan a realizar no se
intercambian entre ellos, sino que se vuelcan en el patrimonio del sujeto
nacido. Cuando un socio cumple con su obligación de aportar, el bien que aporta
sale de su patrimonio.
A cambio de
su aporte, el socio recibe una participación social, medida por el valor de su
aporte en relación al capital integrado total de la sociedad.
El
patrimonio cumple dos funciones: una función instrumental y una función de
medida de la responsabilidad.
En lo que
respecta a su función instrumental, el patrimonio y los bienes que lo integran
sirven para la explotación del giro previsto como objeto de la sociedad.
En
lo que respecta a su función de responsabilidad, la sociedad, con su
patrimonio, responderá frente a terceros. Con los bienes del patrimonio social,
la sociedad debe afrontar el pago a los acreedores sociales. La sociedad, en su
actuación en el mundo de los negocios, va a contraer obligaciones y el respaldo
para ella está constituido por el patrimonio social.
Para
determinar la solvencia de una sociedad, no se ha de estar a la cifra de
capital, que es una cifra meramente ideal, suma de aportes oportunamente
recibidos; lo que interesa es el patrimonio con que la sociedad cuenta, formado
inicialmente por los aportes pero que se modifica día a día de acuerdo al
resultado de la actividad comercial de la sociedad.
El interés
de estas funciones determina que la formación y preservación de ese patrimonio
sea de la mayor importancia. El legislador cuida que efectivamente se forme y,
luego, no se diluya, mediante controles de distinta naturaleza y entidad.
El
equilibrio entre capital integrado y patrimonio se cuida fundamentalmente en
materia de S.A., en razón de la limitación de responsabilidad de los socios.
En otros tipos sociales, los acreedores pueden acudir al patrimonio de los
socios cuando el patrimonio social es insuficiente.
Los
aportes están especialmente regulados en la parte general de la Ley, sección
VII, con normas comunes para todos los tipos, aunque la Ley también contiene
normas particulares para ciertos tipos. Lo prevé especialmente el art.72 que
establece:
“Sin
perjuicio de lo dispuesto en esta Sección, los aportes a sociedades anónimas y
de responsabilidad limitada se regirán por lo que se prevé en los Capítulos
respectivos”.
El
art. 58 establece el contenido del aporte, en el inciso 2º. Dice así:
“Los aportes podrán consistir en obligaciones de dar o de hacer,
salvo para los tipos de sociedad en los que se exige que consistan en
obligaciones de dar”.
Cuando el
proceso de constitución regular no culmina, por cualquier motivo, deben
restituirse los aportes dentro del régimen dispuesto para el caso de disolución
y liquidación de sociedades aplicando el art. 43.
Se designa
un liquidador que debe pagar las deudas contraídas. El remanente se distribuye
entre quienes integraron capital.
Es
aplicable el art. 178, inc. 3º, que dice así:
“Los
socios tendrán derecho a que se le adjudiquen los mismos bienes remanentes. De
ser posible, el bien aportado que se conserve en el patrimonio social será
atribuido a quien lo haya aportado”.
a. Clasificación según el objeto del aporte
El art. 58
establece el contenido del aporte. Dice así:
“Los aportes podrán consistir en obligaciones de dar o de hacer,
salvo para los tipos de sociedad en los que se exige que consistan en
obligaciones de dar”.
En las
sociedades personales cada socio se obliga a aportar una suma de dinero o un
bien o un crédito o trabajo por un determinado valor. Las sumas de esos valores
totaliza el capital que ha de figurar en el contrato.
* Obligaciones de dar
Pueden
aportarse derechos. El artículo 59 de la Ley establece:
"Los derechos podrán aportarse
cuando, debidamente instrumentados, se refieran a bienes susceptibles de ser
aportados y no sean litigiosos".
También
pueden aportarse créditos. En efecto, el artículo 60 de la Ley dispone:
"Cuando se aporte un crédito y éste no pueda ser cobrado a su
vencimiento, la obligación del socio se convertirá, en la de aportar suma de
dinero equivalente, que deberá hacer efectiva en el plazo de treinta días a
partir de aquél salvo que otra cosa se haya pactado".
*
Obligaciones de hacer
El aporte
también puede consistir en obligaciones de hacer. La Ley regula este aporte en
el artículo 61 al referirse al aporte de industria. .
Esta
norma dispone lo siguiente:
"Cuando se aporte industria,
el trabajo del socio aportante deberá ser prestado en exclusividad, salvo
estipulación en contrario.
Los
aportes de industria conferirán al aportante idéntica posición que los demás
socios en cuanto a sus derechos y obligaciones.
Dejándose
de cumplir con el aporte de industria comprometido y no existiendo previsión
expresa, la participación del socio se reducirá proporcionalmente al trabajo
ya realizado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147".
b.
Clasificación según la modalidad del aporte
De acuerdo
al alcance de los derechos que confiere, el aporte puede darse en propiedad, en
usufructo o en uso.
*
Aporte en propiedad
El
aporte en propiedad está previsto en el artículo 58 inciso 5. La norma
dispone: "Tratándose de obligaciones de dar se presumirá que el socio se
obliga a trasmitir la propiedad del bien aportado, salvo estipulación en
contrario".
Con
el aporte, se produce el traspaso de propiedad del socio a la sociedad. Si el
socio se obligó a aportar la propiedad de bienes muebles o inmuebles, el título
de la transmisión podrá ser el propio contrato social o podrá instrumentarse
por separado. El artículo 58 en su inciso final dispone: "
El contrato de sociedad será título hábil para la trasmisión de los bienes
que se aporten en el momento de su suscripción. Sin perjuicio de lo antes
previsto podrá instrumentarse por separado la enajenación de los bienes
aportados a la sociedad."
Se
requerirá, además, el modo tradición.
El
artículo 69 dispone, además, que quien aporta un bien en propiedad, tiene las
obligaciones y responsabilidades del vendedor. En consecuencia, habrá que
aplicar las normas del contrato de compraventa para medir la extensión de tales
obligaciones y responsabilidades.
*
Aporte en usufructo
El aporte
de usufructo de bienes tiene dos variantes:
El socio retiene en su patrimonio la nuda propiedad del bien y trasmite a
la sociedad el usufructo, desmembrando, así, los derechos emergentes de la
propiedad.
Un socio, que ya era usufructuario de un bien, aporta a la sociedad el
derecho de usufructo que tiene sobre ese bien.
* Aporte del uso
El
aporte de uso o goce, está previsto en el art. 62 de la Ley. La norma dispone
lo siguiente: “El
aporte de uso o goce se autorizará a los socios de responsabilidad ilimitada.
En los demás casos, sólo será admisible como prestación accesoria.
En
los casos de aportes de uso o goce, salvo pacto en contrario, el socio soportará
la pérdida total o parcial cuando no sea imputable a la sociedad o a alguno de
los otros socios. Disuelta la sociedad podrá exigir la devolución en el estado
en que se halle.
No
será admisible el aporte de uso o goce de cosas fungibles.”
Puede aportarse una cosa o el
derecho de uso o de goce que se tiene sobre un bien, siempre y cuando se
trate de cosas no fungibles. Este
aporte sólo es permitido a los socios que responden en forma ilimitada. Los
socios que respondan en forma limitada, sólo podrán realizar este tipo de
aporte en calidad de prestación accesoria en las condiciones establecidas en el
artículo 73.
El
uso o el goce de una cosa, produce necesariamente un desgaste. De acuerdo a la
norma , el socio soportará la pérdida total o parcial del aporte cuando
esta pérdida no sea imputable a la sociedad o a alguno de los socios,
salvo que en el estatuto se haya pactado lo contrario.
Si
la sociedad se disuelve, finalizado que sea el proceso de disolución y
liquidación, el socio aportante podrá exigir la devolución del bien en el
estado que se encuentre.
Los aportes
deben ser avaluados. La Ley establece los criterios de avaluación de los bienes
que sean aportados.
a.
Régimen general
Se deben
avaluar todos los aportes a la fecha del contrato, salvo que el contrato
establezca una solución distinta. Con esta norma se quiere asegurar un
tratamiento igualitario para todos los socios, puesto que la medida del aporte
determina la medida de los derechos de cada uno.
En
épocas de inflación, los valores de los bienes aumentan. Si se constituye una
sociedad hoy y se prometen aportes en especie que se entregarán en distintas
fechas y si las estimaciones se hicieran a las fechas en que cada aporte se
realice, ello puede resultar inequitativo para los socios.
Las normas
sobre avaluación las encontramos en los arts. 63 , 64 y 65, y 67 y 68 además
de en el art.282. No hay
previsiones especiales para la forma de avaluación del aporte de trabajo o
industria.
El art. 66
de la Ley prevé qué sucede si avaluado el bien prometido aportar, resultare
que el valor no coincide con la suma que figura en el contrato:
* si resultara que el bien vale menos que la cifra que
figura como aporte, el socio deberá integrar la diferencia o se podrá
modificar el contrato, reduciendo el capital social y reduciéndose así la
participación del socio aportante, con el consentimiento de los demás socios
que representen las ¾ partes del capital restante;
* si el bien aportado vale más de la suma prometida
aportar, se admite el aporte, sin ninguna compensación. La sociedad se
beneficia con el mayor valor recibido y ello no cambia la cuota de participación
del socio. De esta manera el capital, en principio, se mantiene en el valor
fijado en el contrato, aunque los bienes efectivamente aportados valgan más.
b. Régimen
de valuación aplicable a determinados aportes
·
Aporte de títulos cotizables (art. 65)
Para
éste tipo de aporte, el artículo 65 de la Ley establece lo siguiente:
“No mediando pacto contrario, los Títulos Valores, incluso acciones,
cotizables en Bolsa serán aportados por su valor de cotización.
Si
no fueran cotizables, o si siéndolo, no se hubieran cotizado en el último
trimestre anterior al contrato, se valorarán por peritos en la forma
establecida para los aportes no dinerarios, salvo acuerdo de partes”.
·
Aporte de bienes gravados (art. 67)
Los
bienes gravados deben avaluarse de la siguiente manera:
“Los
bienes gravados sólo podrán ser aportados por su valor con deducción del
gravamen, el que deberá ser declarado por el aportante.”
·
Aporte de establecimiento comercial (art. 68)
Puede
aportarse un establecimiento comercial. Al ser éste un bien complejo, integrado
por diversos bienes de distinta naturaleza, se hace necesaria la realización de
un inventario.
El artículo
68 dispone el procedimiento a seguir en este tipo de aporte:
“Cuando se aporte un
establecimiento mercantil se practicará inventario y avaluación de los bienes
que lo integren y de su conjunto.”
c. Normas
especiales para S.R.L. y S.A.
En las
S.A., para asegurar la equivalencia entre el valor del capital y los aportes
realizados en especie, se impone, además de su correcta avaluación, el control
estatal (art. 63 y ss. y 282). La
Ley descarta el mero acuerdo de los fundadores para establecer el valor de los
bienes aportados. Habrá que justificar su valor por el de plaza o por
certificados expedidos por reparticiones estatales o bancos oficiales.
El valor de
plaza se puede determinar, por ejemplo, por informes de una cámara mercantil o
de comercio. En cuanto a los certificados expedidos por reparticiones estatales
o bancos oficiales, no se trata de valuaciones especiales, sino valuaciones
existentes en esas entidades y que sean idóneas.
Si no se
pudiera obtener valuaciones por esas vías, se deben tasar por peritos. Así lo
dispone el art. 282 que se remite al art. 64. Por aplicación del art. 64, el
fundador que hace un aporte en especie y los demás fundadores, deberán
designar de común acuerdo un perito. Si no se ponen de acuerdo, el fundador
aportante nombrará un perito y los demás designarán a otro y los dos peritos
así designados, nombrarán a un tercero para el caso de discordia. Si alguna de
las partes no elige peritos, el juez deberá designarlo.
En
el proceso de constitución por acto único, los fundadores deberán acreditar
los valores ante el órgano estatal de control (art. 252, inc. 2º). Dentro de
esta mecánica, necesariamente, los fundadores, al firmar el contrato ya han de
tener la avaluación en las formas dispuestas por el art. 282 o el avalúo de
los peritos. En el proceso de constitución sucesiva, celebrada la asamblea de
suscriptores, el estatuto se presenta al órgano de control y se deberá
entonces justificar suscripciones e integraciones.
El artículo
70 de la Ley establece las consecuencias del incumplimiento del socio respecto
al aporte. Estas consecuencias son las siguientes:
a.
Mora automática y pago de intereses más daños y perjuicios
De acuerdo
al artículo 70, el socio que no cumple con la obligación de aportar, incurre
en mora en forma automática, esto es, sin necesidad de que la sociedad
acreedora deba interpelarlo para poder exigirle la obligación. Además, deberá
pagar el interés bancario corriente para las operaciones activas que
corresponda al momento del incumplimiento y resarcir los daños y perjuicios que
ha causado a la sociedad con su incumplimiento.
En suma, la
sociedad podrá demandarlo sin interpelarlo previamente. En su demanda reclamará:
los intereses que correspondan de acuerdo a la tasa corriente de operaciones
activas (se refiere a las tasas de interés de los contratos de préstamo
bancario y apertura de crédito) más una suma que reflejará los daños y
perjuicios ocasionados.
La norma señala
lo siguiente:
“El
socio que no cumpla con la obligación de aportar incurrirá en mora sin necesidad
de interpelación alguna y deberá pagar el interés bancario corriente para
operaciones activas y resarcir los daños y perjuicios”.
b. A opción de la sociedad: cumplimiento forzoso del
aporte o exclusión
Ante
el incumplimiento del socio, la sociedad tiene el derecho de optar entre: o
exigir el cumplimiento forzado del aporte, o excluir al socio. El
cumplimiento forzado del aporte se sustanciará mediante el juicio ejecutivo o
el juicio de entrega de la cosa.
El
artículo 70 de la Ley dispone:
“La sociedad podrá exigir el cumplimiento del aporte mediante juicio
ejecutivo o de entrega de la cosa salvo que se haya optado por la exclusión del
moroso”
A las S.R.L. y a las
S.A. se le aplica todo el régimen general en materia de aportes con las
siguientes excepciones:
a.
Aportes permitidos
* Bienes
determinados y susceptibles de ejecución forzada (art. 58, inc. 3º)
En las S.A.
el aporte se debe integrar en dinero o bienes, con ciertos mínimos dispuestos
por la ley (arts. 280 y ss). Siendo
sólo el patrimonio responsable por las deudas, tienen que existir aportes que
puedan servir de respaldo a los créditos que la sociedad contraiga. Además,
estos créditos deben poder ser pasibles de ser ejecutados en forma forzada.
Esta última razón es lo que impide que en las S.R.L. y en las S.A. se pueda
aportar trabajo (art. 58 inciso 3).
*
Bienes en propiedad o usufructo (art. 62, inc. 1º)
Sólo se
puede aportar bienes que se tengan en propiedad o usufructo. El aporte de uso o
goce sólo se autoriza a los socios de responsabilidad ilimitada.
b.
Garantía por los aportes
En las
S.R.L. y en las S.A., la formación del capital tiene mayor importancia que en
los tipos en que los socios asumen responsabilidad
subsidiaria por las deudas sociales. Por tal motivo, las normas tienen
mayor rigor en cuanto a asegurar la realidad del capital social.
El art. 229
(en sede de S.R.L.) impone a los socios una garantía solidaria respecto a terceros que cubra la efectiva integración del
aporte así como la exacta valoración de los bienes aportados al constituirse
la sociedad. La garantía se mantiene por dos
años contados desde la fecha del aporte.
La norma
implica que un tercero perjudicado podría promover un accionamiento basado en
que el aporte no fue cumplido o en
que el valor asignado a los bienes fue
exagerado para aparentar la formación de un capital de mayor importancia.
La responsabilidad es de todos los socios
porque todos ellos deben controlar la efectividad del aporte y la valuación.
Si un socio transfiere sus cuotas, la responsabilidad establecida será
solidaria del adquirente y del enajenante,
según establece el art. 229, inc. 2º. El art. 229, inc. 4º, dispone que no se
puede impugnar el avalúo si fue hecho por peritos designados judicialmente.
Precisión:
la L.S.C. no ha establecido una
responsabilidad solidaria de los socios por la realidad y valor de los aportes
frente a la sociedad. Cada socio es deudor de su aporte frente a la sociedad. No
se solidariza a los demás por tal obligación. Se ha creado con la norma una tutela
sólo para los terceros.
Para la
S.A. rige el artículo 257. Este artículo contiene una solución similar a la
del art. 229 analizado más arriba, con la diferencia de que la responsabilidad
se impone a los fundadores y no a los
accionistas. Se justifica la responsabilidad sólo de fundadores, por cuanto en
el proceso de constitución regular quienes reciben los aportes y los
administran y conservan son los fundadores; en esta etapa no hay todavía
accionistas que puedan ejercer un control efectivo sobre el cumplimiento de la
obligación de aportar.
Se
establece una responsabilidad por la efectividad y por el valor del aporte, no sólo
frente a terceros sino, también,
respecto a la sociedad. El art. 257 agrega que no puede pactarse en contrario,
limitando o liberando de responsabilidad a los fundadores.
Las
prohibiciones que afectan a los socios se relacionan con la ejecución
del contrato. Los principios generales que orientan el cumplimiento y
ejecución de los contratos y que deben tenerse en cuenta en el análisis de
cada derecho acordado y de cada obligación y deber impuestos a las partes
contratantes, en esta materia, se recogen en el art. 209 del C.Com.. Dice así:
“Las
convenciones legalmente celebradas, son la ley para los contrayentes y para sus
herederos.
No pueden ser
revocadas, sino por mutuo consentimiento, o por las causas que la ley
expresamente señala.
Todas deben
ejecutarse siempre de buena fe, sea cual fuere su denominación; es decir,
obligan no sólo a lo que se expresa en ellas sino a todas las consecuencias que
la equidad, el uso o la ley atribuyen a la obligación, según su naturaleza”.
En la
L.S.C. se concretan esos principios en las disposiciones que se comentan a
continuación.
El deber de
aplicar los fondos o bienes sociales exclusivamente en provecho de la sociedad
es tutelado por la L.S.C. por las sanciones que establece el inc. 2º del art.
74:
“El
socio que aplique los fondos o bienes de la sociedad a uso o negocios por cuenta
propia o de tercero estará obligado a traer a la sociedad las ganancias
resultantes, siendo las pérdidas o daños de su cuenta exclusiva”.
El socio no
puede utilizar el dinero o los bienes de la sociedad ni puede aplicarlos a
negocios por cuenta propia o de tercero. Una conducta de este tipo implicaría
un ilícito y a la vez un incumplimiento del contrato pues significaría
apropiarse de los bienes sociales y de desviarlos del uso que todos los socios
pretendieron darle. Implica además y debiendo reparar los daños causados (art.
74). Podrá, además, ser excluido (art. 147).
En nuestro
concepto, además, podría configurar el delito de apropiación indebida
previsto en el Código Penal.
El socio no
puede realizar, por cuenta propia o de tercero, actos que importen competir con
la sociedad (art. 209). Podrá hacerlo si los demás socios lo consienten
expresamente.
La norma
citada se encuentra en la sección de
sociedades colectivas; pero resulta aplicable a las sociedades de capital e industria, en comandita y S.R.L.,
por remisiones en las disposiciones en que se regulan estos otros tipos (arts.
213, 218 y 243). La norma es otra aplicación del deber genérico de lealtad y
de buena fe en la ejecución de los contratos. No es aplicable, sin embargo, a
los accionistas de una S.A. o de una sociedad en comandita por acciones.
Las
sanciones por la violación de esta prohibición son varias: la sociedad se
beneficiará de los actos realizados en competencia y el socio está obligado a
reparar los daños y perjuicios que haya causado (art. 209). El socio que realizó
la competencia podrá ser excluido (art. 209).
Los
socios comanditarios y los socios industriales, tienen prohibido administrar las
sociedades a las cuales pertenecen. Ello se fundamenta en el principio según el
cual a mayor responsabilidad mayor injerencia en los negocios sociales.
Estos socios responden en forma limitada el primero y hasta el límite de
las ganancias no percibidas el segundo, de ahí que no puedan ser
administradores. Esta última atribución la tienen el socio capitalista y el
socio comanditado.
Clasificaremos los derechos fundamentales de los socios de la siguiente
manera:
El socio
puede ser acreedor de la sociedad. Así, por ejemplo, lo es cuando los
administradores determinan la existencia de una utilidad líquida al fin de un
ejercicio y resuelven su distribución (de acuerdo a la L.S.C. o a los términos
del contrato social), asentando en libros la disponibilidad del rubro respectivo
(art. 320). La posición del socio como acreedor, deriva de la titularidad de lo
que se denominan “derechos patrimoniales”.
A continuación, nos referiremos al derecho a participar de las ganancias, al
derecho a un dividendo obligatorio que les corresponde a los accionistas y al
derecho que le corresponda en la liquidación de su participación.
El primer
derecho es el de participación en las utilidades. Se trata de un derecho
esencial e inderogable.
Es un
derecho abstracto. Se concreta cuando en un ejercicio hay utilidades a
distribuir.
La L.S.C.
dispone cuándo la sociedad estará en condiciones de distribuir utilidades
entre los socios: debe resultar utilidades netas del balance anual regularmente
confeccionado y aprobado por la mayoría social o la asamblea (art. 98). En este
caso el socio tendrá un derecho de crédito contra la sociedad por la suma que
le corresponda.
Si se
distribuyen utilidades sin respetar la norma legal, la sociedad podrá repetir
lo pagado indebidamente. No se podrá repetir el dividendo pagado a los
accionistas o a los socios de una S.R.L. de 20 o más socios, cuando unos u
otros fueran de buena fe (art. 98 inc. 3º).
El art. 99
de la Ley impone que las utilidades se paguen efectivamente a los socios, dentro
del plazo de noventa días contados desde la fecha en que se resolvió su
distribución. Por lo tanto, los administradores de una sociedad, dentro de sus
funciones, deben tomar las providencias necesarias para tener la liquidez
suficiente para hacer frente al pago, en el plazo legal.
Los socios
deben destinar parte de las utilidades a reservas (art. 93) y pueden resolver no
distribuir todas o parte de las utilidades
restantes destinándolas a
reservas voluntarias o disponiendo su utilización en el próximo ejercicio con
determinados objetivos, pero tal resolución debe adoptarse dentro de los límites
establecidos en el art. 93, inc. 3º, que luego analizaré con más detalle. El
principio rector es que las utilidades se deben distribuir anualmente.
Tratándose
de S.A., el art. 320 impone el pago de un dividendo obligatorio del 20% de las
utilidades. No se puede dispone el no pago salvo situaciones excepcionales
previstas en el mismo artículo.
Cuando la
sociedad se disuelve, se inicia un proceso de liquidación de la sociedad. La
distribución definitiva del patrimonio social entre los socio se efectuará una
vez aceptado el balance y proyecto de distribución. Entonces, los socios
recibirán los bienes remanentes, teniendo en cuenta la alícuota de cada uno en
el capital social.
El derecho
al remanente en caso de liquidación, NO es un derecho a que se le devuelva su
aporte. Si hubo un socio que aportó industria, se le adjudicarán bienes en
proporción al valor en que se estimó su aporte.
Sin
embargo, los socios tendrán derecho a que se les adjudiquen los mismos bienes
remanentes. De ser posible, el bien aportado que se conserve en el patrimonio
social será atribuido a quien lo haya aportado (art. 178, inc. 3º). Si se
aportó el usufructo, se deberá devolver el bien al nudo propietario.