Acciones
cambiarias
Por
Nuri
Rodríguez
Olivera
y
Carlos
López
Rodríguez
El
portador de un título valor que no ha sido satisfecho voluntariamente, tiene la
posibilidad de iniciar acciones judiciales tendientes a obtener su cobro. La
doctrina clasifica las acciones en dos grandes categorías: acciones cambiarias
y extracambiarias.
Las cambiarias
(que
pueden ser ejecutivas u ordinarias) tienen por objeto la satisfacción del
derecho incorporado al título (la suma de dinero del título). La
regulación de las
acciones cambiarias sólo se hace para las letras de cambio, en los artículos 99
y siguientes.
Las extracambiarias se relacionan con la
letra, pero sin tener que ver
específicamente con el derecho incorporado en ella, como sucede, a saber, en la
acción causal,
en la acción de enriquecimiento injusto y en la que he
denominado de “cancelación de la letra
destruida, perdida o sustraída”. Algunas de las acciones se prevén en
forma general para todos los títulos valores y otras se disciplinan sólo
para la letra de cambio.
Los
artículos 25 y 26 del Decreto Ley se refieren a las acciones cambiarias, las
causales y la de enriquecimiento
injusto, con normas que, por su ubicación, pretenden ser de aplicación general a
todos los títulos valores. Estos dos artículos, que se refieren a las tres
acciones, en realidad contienen, apretadamente, la disciplina de sólo dos de
ellas: las causales y las de enriquecimiento injusto.
Por
otra parte, el Decreto Ley sólo ha previsto acciones para el caso de pérdida,
sustracción o destrucción de las letras y no contiene normas generales para el
caso de que esos hechos sucedan respecto a los restantes títulos valores (artículo
109).
El Decreto Ley 14.701
condiciona el
ejercicio de las acciones que prevé, al cumplimiento por el portador de una serie de
deberes y cargas. Al ir estudiando los distintos tipos de acciones aludiremos a
tales cargas sin perjuicio de trazar, al final de nuestra exposición, un
esquema global.
Para
empezar, el portador antes de enfrentarse al deudor debe elegir: o le inicia las
acciones cambiarias o le inicia la acción causal. Obviamente si elige la
segunda debe devolverle el título valor pues, de lo contrario, el deudor queda
expuesto a que le cobren la misma deuda por medio de dos acciones.
Fuera
de este Decreto Ley, dentro del marco del Derecho civil y del Derecho comercial
y de su común Derecho procesal, encontramos otras posibilidades de
accionamiento que tienen por objeto la letra de cambio, como ser la acción de
reivindicación y otras que emergen de contratos que recaen sobre el título
como bien.
A
continuación hemos de analizar las denominadas “acciones cambiarias”.
Diremos cuáles son sus presupuestos, quiénes
son actor y demandado, vías procesales establecidas y otros rasgos que las
caracterizan. Es
necesario precisar previamente que no existe una “acción cambiaria” como
una acción, con caracteres típicos y especiales desde el punto de vista
procesal. No hay un tipo de proceso específico para obtener la satisfacción
judicial de los derechos cambiarios. Para lograr el reconocimiento judicial del
derecho o la agresión efectiva contra el patrimonio del deudor, el portador de
la letra tendrá procesos ordinarios o procesos ejecutivos que se regulan por el
Derecho Procesal común, aunque con algunas normas particulares que se analizarán.
I.
Clasificación de acciones cambiarias
Teniendo
en cuenta su objeto, las acciones se pueden clasificar en dos tipos:
La acción cambiaria de cobro tiene por objeto demandar el monto de la letra,
con los intereses cuando se estipularon, los intereses de mora, los gastos del
protesto y otros que se hubieran efectuado para conservar el
ejercicio de la acción (art. 100).
La
acción de reembolso es aquella que ejerce
el obligado cambiario que ha pagado el importe del título más sus
accesorios y gastos -
sea endosante, avalista o librador (en
la letra). Tiene por objeto
el reembolso de lo pagado (art. 101) y se dirige contra los obligados a su
respecto.
¿Contra quién se ejerce la acción
cambiaria? Para contestar esta interrogante debemos referirnos previamente al régimen
de solidaridad que afecta a todos los firmantes de una letra, establecido por el
artículo 105 de la Ley. Esta norma establece que “todos
los que firman una letra de cambio sea como libradores, aceptantes o avalistas,
quedan solidariamente obligados hacia el portador”.
En
virtud de esta disposición, el portador o el obligado que pagó la letra tiene
derecho a dirigir su acción de cobro o de reembolso contra cualquiera de los
firmantes de la letra o contra todos ellos, en forma colectiva.
También,
prevé el artículo 105 que, cuando se haya promovido acción contra uno de los
obligados, ello no impide accionar contra los otros aun cuando fuesen
posteriores al primer demandado.
Teniendo
en cuenta las figuras de los posibles demandados de una acción cambiaria, se
efectúa tradicionalmente y también en la Ley, una clasificación de las
acciones en directas y de regreso.
La
acción cambiaria directa es la que tiene el tenedor contra el girado aceptante
(art. 76) o contra su avalista por cuanto éste está obligado en iguales términos
que su avalado (art. 18). La
acción cambiaria directa se prevé en el artículo 76, inciso, 2 de la Ley, en la
Sección referente a la aceptación, fuera de la Sección que regula específicamente
las acciones cambiarias.
La
acción cambiaria de regreso es la que tiene el tenedor contra los demás
obligados cambiarios. Las
acciones de regreso para el cobro o el reembolso están previstas en los artículos
99 y siguientes de la sección VII, dedicada específicamente a las acciones cambiarias,
según resulta de su nomen juris. Su contenido está determinado por los artículos
100 y 101 ya referidos.
Precisiones
*
Esta clasificación de las acciones se ajusta a las distintas responsabilidades
asumidas por los firmantes de la letra. El
girado, por su aceptación, se convierte en obligado principal de la letra (art.
76). Contra él se tiene, por lo tanto, acción directa.
El
librador y los endosantes se obligan pero no en forma directa y principal, sino
en cuanto con su firma garanten la aceptación y el pago que debe hacer el
girado (arts. 60 y 66). Es precisamente porque garantizan que pueden ser
llamados a responder frente a la no aceptación o al no pago por el girado. Por
ello, contra éstos se tiene una acción de regreso.
El
librador que crea la letra garante su aceptación y su pago frente a todos los
endosatarios futuros. Es lógico, por lo tanto, que responda frente a todos
ellos y que deba pagarla si el girado no lo hace y reembolsarle a cualquiera lo
que haya pagado por la letra.
El
endosante garante la aceptación y el pago frente a su endosatario y a quienes
le sigan. De manera que a ese endosante se le puede exigir el pago o reembolso sólo
por los endosatarios posteriores a quienes garantizó.
-
Nos permitimos recordar que es principio fundamental del derecho cambiario, que
el pago efectuado por el obligado principal - girado aceptante - libera a todos
los obligados de regreso. Pagada la letra, judicial o extrajudicialmente, por el
girado, se extinguen los derechos incorporados a ella.
-
Otro principio que interesa señalar es el siguiente: el pago por parte de un
obligado de regreso libera a los obligados de regreso que le siguen en el nexo
cambiario, pero no libera a los obligados que le preceden. Tanto es así, que el
artículo 102 establece al final: “Cualquier
endosante que haya pagado la letra de cambio puede cancelar su endoso y los que
le siguen”.
En
consecuencia, efectuado el pago por un endosante, se extinguen las acciones
contra los endosantes que le siguen, pero no contra los endosantes que le
preceden ni contra el librador.
Efectuado
el pago por vía de regreso por el librador, se extinguen las acciones contra
los endosantes.
-
Precisamos más aún; efectuados los pagos por vía de regreso, en ningún caso
queda liberado el girado aceptante. Siempre queda pendiente su obligación
frente a quien pagó o a quien reembolsó por vía de regreso por aplicación de
los artículos 105 y 76.
Es
decir que quien pagó por vía de regreso conserva acción directa de reembolso
contra el girado.
La acción cambiaria, tanto directa como
de regreso, puede ser ejecutiva u ordinaria.
1. Acción cambiaria ejecutiva
a. Normas generales
Nuestra
ley, en el artículo 107, confiere acción ejecutiva a la letra debidamente
protestada. Precisamente, esa fuerza que la Ley tradicionalmente le confiere, ha
sido un factor importantísimo para su difusión y su adopción en el comercio,
que requiere formas vigorosas y ágiles para la exigibilidad de las
obligaciones. Hubiera sido, por otra parte, totalmente inadecuado e
inconsecuente que a este título valor dotado de los rasgos de literalidad,
autonomía y abstracción, que lo hacen esencialmente apto para circular, no se
le hubiera concedido a su vencimiento una acción procesal que permita a su
tenedor una rápida y eficaz agresión al patrimonio de los obligados.
Se
confiere a la letra protestada carácter de título ejecutivo, dándole una
presunción de autenticidad. La Ley presume la veracidad de las firmas
cambiarias, admitiendo directamente la acción ejecutiva contra todos o
cualquiera de los firmantes, sin exigir que se recabe previamente el
reconocimiento de sus firmas, como se exige en el Derecho Procesal para otros
documentos.
Entendemos
que, por la generalidad de sus términos, el artículo 107 se aplica tanto a la
acción directa como a la acción de regreso. Entendemos que es así, aun cuando
el artículo 107 se refiere a los artículos precedentes y casi todos ellos,
contenidos en la misma Sección, se refieren a las acciones de regreso. Según
ya se vio, la acción directa está prevista en otra sección de la Ley. No
obstante, entendemos que se trata de una norma aplicable a todas las acciones
cambiarias, como también son de aplicación general las contenidas en los artículos
105, 106 y 108 de la misma sección.
El
artículo 107 confiere calidad de título ejecutivo a la letra debidamente
protestada. La letra es título ejecutivo contra todos los obligados cambiarios.
Se protesta al girado y se tiene título ejecutivo contra todos.
No
se requiere el previo reconocimiento de firma. La Ley presume tácitamente la
autenticidad de las firmas,
abriendo la vía ejecutiva. El demandado podrá excepcionarse alegando la
falsedad de su firma.
La
acción ejecutiva cambiaria se rige por las normas del proceso ejecutivo tal
como está regulado por el Código general del proceso (arts. 353 y ss.), con
las salvedades que se expresan a continuación.
* Limitación de excepciones
El
artículo 108 limita la posibilidad de
excepcionarse por parte del ejecutado.
"Contra
la ejecución de las letras de cambio no se admitirán más excepciones que la de
falsedad material, compensación de crédito líquido y exigible, prescripción,
caducidad, pago y espera o quita concedida por el demandante que se pruebe por
escritura pública o por documento privado judicialmente reconocido o concordato
homologado.
También serán
admisibles las excepciones procesales de inhabilidad del título (falta de
alguno de los requisitos esenciales exigidos
por el artículo 3), falta de legitimación activa o pasiva del demandante o del
demandado, falta de representación litis pendencia o incompetencia, sea de
jurisdicción o por razón de cantidad.
Cualquier otra excepción
fundada en las relaciones personales entre el actor y el demandado, no obstará
al progreso del juicio ejecutivo."
c. Juicio
ordinario posterior
Las sentencias dictadas en el juicio ejecutivo
sólo adquieren cosa juzgada formal; pueden ser revisadas en un juicio ordinario
posterior. El artículo 361 del Código general del proceso establece que lo
decidido en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario
posterior.
El proceso ordinario posterior al proceso
ejecutivo es, según la doctrina procesalista, una revisión de la sentencia
dictada en el proceso ejecutivo. Véscovi
lo llama proceso revisivo y explica su fundamento: el proceso ejecutivo
constituye un procedimiento sumario, con limitación de defensas, lo que
determina esta otra vía que permite revisar aun lo ya juzgado.
En
el artículo 361 se utilizan fórmulas muy genéricas “lo decidido”, “lo
resuelto”, por lo cual se entiende que cualquier decisión adoptada en un
proceso ejecutivo, es susceptible de una revisión en un juicio ordinario
posterior. Las normas transcriptas no se refieren a la sentencia que decretó el
remate sino a lo decidido o a lo resuelto en el proceso ejecutivo. La doctrina
ha entendido que puede ser modificado, en el juicio ordinario posterior, todas
las resoluciones adoptadas en el juicio ejecutivo, aún las dictadas en
incidentes planteados durante su proceso, en razón de su conexión.
Pueden ser objeto de un juicio ordinario posterior:
1.
la sentencia que se dicta al iniciarse el proceso, trabando embargo y que queda
firme cuando no se plantean excepciones;
2.
la definitiva que se dicte en caso de haberse opuesto excepciones y
3.
cualquier otra sentencia que se dicte en ese proceso, para resolver cuestiones
incidentales.
El
proceso ordinario posterior debe plantearse en las condiciones requeridas por la
Ley. Si ellas no se cumplen, las sentencias dictadas en el proceso ejecutivo
adquieren fuerza de cosa juzgada material y las cuestiones controvertidas en ese
proceso ejecutivo ya no podrán ser reconsideradas en otro juicio.
El
artículo 361.2 del Código general del proceso agrega que, cualquiera sea la
naturaleza de la demanda que se interponga, será competente el mismo tribunal
que entendió en la primera instancia del proceso ejecutivo.
El
artículo 361.3 establece que el derecho a obtener la revisión de lo resuelto en
el proceso ejecutivo caducará a los seis meses de la fecha en que quedó
ejecutoriada la sentencia dictada en el proceso ejecutivo, en lo principal o en
los incidentes planteados.
El
juicio ordinario posterior es un juicio distinto e independiente del juicio
ejecutivo que le precede, pero tiene conexiones con él. Los juicios deben
plantearse entre quienes actuaron como partes del juicio ejecutivo. Además de la
identidad de partes, el juicio ordinario posterior requiere una conexión
objetiva con el proceso ejecutivo.
La total identidad de partes y objeto se dará
en aquellos juicios ordinarios posteriores típica o exclusivamente revisivos, en
los que actúa como medio impugnativo similar al recurso, pero, en otros casos,
que son la mayoría, según acertada acotación de
Véscovi, el juicio ordinario
posterior amplía su contenido con relación al ejecutivo anterior, incorporando
el tratamiento de temas o cuestiones que no se discutieron en este último. Se
puede plantear en el juicio ordinario posterior una cuestión que no lo fue en el
juicio ejecutivo. En esto casos ya no puede hablarse de identidad aunque si de
relacionamiento causal.
Entiende Véscovi:
“No hay limitación a las cuestiones planteadas
en el juicio ordinario, siendo indiferente que se hayan planteado o no en el
juicio ejecutivo, porque, según nuestro sistema, aquél se establece para
discutir nuevamente, en otra vía, las mismas cuestiones (u otras).”
En consecuencia, el juicio ordinario posterior
procederá cuando se trate de cuestiones de fondo que no fueron objeto de
controversia en el juicio ejecutivo, ya sea en razón de estar vedado por la Ley
(juicios ejecutivos especiales con limitación de excepciones) o porque se
omitió, voluntaria o involuntariamente, discutir la cuestión en el procedimiento
ejecutivo.
Tampoco se da el necesario relacionamiento
causal en los casos de juicios que se promueven para obtener la indemnización de
daños y perjuicios por abuso de las vías procesales: la causa del juicio
ejecutivo es ontológicamente distinta a la que se invoca en el accionamiento con
el que se persigue un resarcimiento por la actividad antijurídica desplegada por
el vencedor en el juicio ejecutivo.
En conclusión, es suficiente para configurar un juicio ordinario posterior, que
exista cierta conexión o relacionamiento causal, aunque no exista identidad en
las cuestiones controvertidas.
La
Ley no prevé - pero tampoco excluye - que el portador de la letra protestada
pueda promover juicio ordinario para el reconocimiento de sus derechos,
prefiriendo la mayor seguridad que ofrece la cosa juzgada de un juicio de este
tipo sobre la ventaja que supone la rapidez que le acuerda el juicio ejecutivo
para la satisfacción de su prestación.
De
manera que el portador de la letra protestada, tiene la posibilidad de optar por
uno u otro tipo de juicio.
Por
otra parte, existen algunos casos en que la acción cambiaria necesariamente
debe canalizarse por las vías del juicio ordinario. Así, por ejemplo, cuando
la letra no se protesta se pierden
acciones cambiarias de regreso pero no se pierde la acción cambiaria directa.
El portador tendrá entonces acción
cambiaria directa pero carece de
acción ejecutiva pues no ha protestado.
El
procedimiento del juicio ejecutivo y del juicio ordinario para el cobro de la
letra está regulado por el Código general del proceso.
Conclusión
El
derecho de ejercer acciones cambiarias directas y de regreso, ordinarias o
ejecutivas, depende en cada caso de la diligencia del portador.
Ante
ciertas omisiones del portador se pierden acciones de regreso, pero se conservan
acciones directas. En algún caso se pierde la acción cambiaria directa
ejecutiva, pero igual se mantiene la acción cambiaria directa ordinaria. En
fin, cuando la omisión asume la mayor gravedad, el portador ve perdidas todas
las acciones cambiarias.
II. Particularidades y diferencias
con la acción causal
Hechas
estas precisiones pasamos a considerar otro tema: quiénes pueden ejercer las
acciones directas y de regreso.
1.
En primer lugar, el portador que ha presentado la letra de pago al girado y que
no ha sido satisfecho, tiene acción cambiaria directa contra el aceptante y de
regreso contra cualquiera de los restantes obligados cambiarios y puede demandar
colectivamente a todos ellos - aceptantes y demás obligados cambiarios (arts.
76 y 99).
2.
En segundo lugar, el deudor cambiario que pagó la letra en vía de regreso
tiene la llamada acción de reembolso que puede ejercer mediante una acción
directa contra el aceptante (arts. 76 y 101) o una acción de regreso contra
quienes son sus garantes (art. 101). El actor, en este caso, no es el acreedor
originario sino un anterior deudor cambiario convertido en acreedor derivado por
efecto del pago.
Damos
ejemplos. El portador tiene acción contra cualquiera o todos los firmantes: el
aceptante, el librador, los endosantes y los avalistas, esto es, acción directa
y acción de regreso a la vez. Un endosante que ha pagado la letra tiene acción
de reembolso de regreso contra el librador y los endosantes anteriores, además
de conservar acción de reembolso directa contra el aceptante.
3.
En cuanto al librador pueden darse dos situaciones distintas.
a. El librador tiene acción directa de
cobro contra el aceptante, cuando es portador de la letra en virtud de un endoso
efectuado a su favor, lo cual es posible porque así lo admite el artículo 63.
Este accionamiento está expresamente
permitido por el inciso 2 del artículo 76, que dispone: “A
falta de pago, el portador, aunque sea el propio librador, tendrá contra el
aceptante una acción directa ...”.
b. El librador que pagó la letra por vía
de regreso tiene acción cambiaria de reembolso contra el aceptante. El único
que no tiene acción cambiaria es el girado que pagó la letra. El girado
aceptante es el principal obligado. La letra no se crea ni se tramite a su
favor. Quien crea la letra da orden al girado para que pague y garante al
tomador y a futuros tenedores que la letra será pagada. Cada endosante, al
trasmitirla, se constituye en garante, frente a futuros tenedores, de que la
letra será pagada por el girado.
Cuando
el girado paga se extingue el derecho creado en la letra. Si el girado pagó es
porque tiene fondos del librador o porque le ha concedido crédito. Si el girado
pagó sin tener fondos para ello sólo tendrá - según veremos - una acción
extracambiaria para obtener del librador el reintegro de las sumas pagadas.
B.
Deberes y cargas del portador
a. Razón de ser
Las
acciones cambiarias de regreso se pierden si el portador no realiza determinados
actos: si no la presenta para la aceptación o para el pago en determinados
casos y si no la protesta por falta de aceptación, por aceptación irregular o
por falta de pago.
¿Por
qué es así? Porque la Ley dispone que la responsabilidad de los obligados de
regreso se haga efectiva sólo ante el incumplimiento del girado. Por ello,
antes de reclamar a los obligados de regreso, que son garantes de la aceptación
y del pago, el portador debe presentar la letra al girado.
A
los efectos de controlar que el portador ha hecho la presentación de la letra y
que es cierto que el girado se ha negado a aceptar o a pagar, se impone que se
proteste notarialmente. Con el protesto se prueba fehacientemente
la presentación en tiempo y la negativa del girado a aceptar o pagar,
con lo cual queda abierta la posibilidad de accionar contra los garantes.
b. Incumplimiento: caducidad de las acciones de regreso
Si
el portador es negligente y no se presentó a recabar la aceptación y el pago
en tiempo o si se presenta pero no protesta cuando el girado niega aceptación o
el pago requerido, no podrá probar fehacientemente la negativa del girado y, en
consecuencia, pierde las acciones contra quienes dieron su garantía. Así lo
establece el artículo 106 que sanciona esas omisiones con la “caducidad”
de la letra.
La
omisión de esos deberes no perjudica la letra en cuanto a las acciones directas
con respecto al girado aceptante. Resulta del artículo 76, inciso 2, y 106
combinados.
Resumiendo,
la caducidad de la letra afecta sólo las acciones de regreso y no a las
directas.
Cabe
precisar que la acción para el cobro se tiene, aun antes del vencimiento
estipulado en la letra si ésta, al no ser aceptada, fue protestada por falta de
aceptación (art. 99, ap. B, numeral 1). Explicación: cuando el girado no
acepta está dando un preaviso de que no pagará al vencimiento. La Ley,
entonces, acude en tutela del portador y le permite que accione, sin esperar al
vencimiento. En esta hipótesis, el portador sólo tendrá acciones de regreso
(art. 99), puesto que si no hay aceptante no puede haber acción directa.
Esta
norma tiene dos excepciones: a) si el librador no garantizó la aceptación y la
letra no se acepta, no queda abierta la acción de regreso, hasta que no llegue
el vencimiento y se proteste por falta de pago (art. 60);
b) cuando la letra es a cierto plazo desde la vista y se protesta por
falta de aceptación, no se produce el vencimiento anticipado, puesto que en
esta hipótesis rige el artículo
80 que establece que en estas letras el plazo corre desde la fecha del protesto.
El
artículo 80 contiene una norma
especial para este tipo de letras, contradictoria con la norma de carácter
general contenida en el artículo 99, ap. B, n. 1.
Existe
otra hipótesis de accionamiento antes del vencimiento en los casos de concurso,
quiebra o concordato del girado (art. 99, ap. B, 2).
La
norma es coherente con la antes comentada, que admite vencimiento
anticipado en caso de falta de aceptación. Cuando el girado concursa o
quiebra queda de manifiesto que no podrá pagar aun cuando quiera. El portador
puede, entonces, promover acción cambiaria de regreso contra los demás
obligados, sin esperar al vencimiento. Éstos tienen la posibilidad prevista por
el artículo 104, inciso 2:
“El librador, endosante y avalista, en caso de reclamación, pueden
diferir el pago hasta el día del vencimiento, dando fianza bastante a juicio
del tenedor, o depositar el importe o abonarlo con descuento de los intereses
por el tiempo que falte para su vencimiento.”
Esta posibilidad está dada
exclusivamente para el caso de quiebra, concurso o concordato del girado y no
para la primera hipótesis de vencimiento anticipado estudiada en que se aplica
el inciso final del artículo 100.
Existe
un tercer caso de vencimiento anticipado, cuando se produce la quiebra, concurso
o concordato del librador de una letra no aceptable.
Cuando
la letra tiene la mención “no aceptable”
y respetando esa mención no se presenta a la aceptación y no se acepta, el
librador es el obligado principal en regreso. Es el principal garante pues
responde, según vimos, frente al tenedor y a todos los endosantes. Si se
produce su quiebra, concurso o concordato, disminuyen las garantías que ofrece
la letra y es justo que se autorice, entonces, como en los casos antes señalados,
el accionamiento antes del vencimiento.
En
resumen, para la hipótesis de quiebra, concurso o concordato, sólo se produce
el vencimiento anticipado, si esos sucesos tienen lugar respecto al girado o con
respecto al librador pero, en este segundo caso, sólo cuando se trata de la
letra “no aceptable”. El concurso
civil o comercial de los demás obligados cambiarios y del librador en las
letras con aceptación facultativa u obligatoria, no precipita el vencimiento de
la letra.
El
artículo 116, al establecer los plazos de prescripción de las letras de
cambio, tiene en cuenta sus elementos personales específicos. En esta disposición
se prevé distintos plazos de prescripción.
a. Prescripción de las acciones contra el aceptante
Toda
acción contra el aceptante (obligado principal y directo), prescribe en el
plazo de tres años. El plazo se cuenta desde la fecha de vencimiento.
b.
Prescripción de las acciones del portador contra
endosantes y librador
La acción del portador contra
endosantes y librador (obligados de regreso) prescribe al año. El plazo se
cuenta desde la fecha del protesto formalizado en tiempo útil y desde el
vencimiento de la letra si ésta no fuera protestable.
c.
Prescripción de las acciones de reembolso
La
acción del endosante que pagó la letra o que ha sido demandado por acción de
regreso, contra los otros endosantes y contra el librador, prescribe a los seis
meses. El plazo se cuenta desde le día en que el endosante pagó o desde aquél
en que se le notificó la demanda.
La creación y la trasmisión de una
letra tienen como causa una relación fundamental entre el librador y su
tomador, entre librador y girado, entre cada endosante y su endosatario,
respectivamente. Tal como se establece en el artículo 25, la relación causal
no se extingue por la creación o trasmisión del título. Por lo tanto, el
propietario de un título valor tiene dos derechos a la vez: el emergente de la
relación fundamental que lo liga al creador o al endosante que lo trasmitió y
el derecho incorporado al título.
Para
obtener el reconocimiento judicial de esos dos derechos tiene sendas acciones
judiciales que la Ley ha denominado, respectivamente, como “acción
cambiaria” y como “acción causal”.
El objeto de la acción causal es obtener la prestación debida por la relación
fundamental que fue causa de la creación o de la trasmisión de la letra. Tal
como se analizó precedentemente, el objeto de la acción cambiaria es obtener
la prestación que consta en el título.
El
propietario del título valor no puede pretender simultáneamente la satisfacción
de los dos derechos y, desde luego, no puede actuar judicialmente promoviendo a
la vez dos acciones. Si lo hiciera, si se le permitiera hacerlo, se enriquecería
injustamente. La Ley le impone una mecánica especial para el ejercicio de sus
derechos. En efecto, quien recibe un título valor, en el acto de recibirlo,
renuncia a ejercer privada o judicialmente los derechos emergentes de la relación
fundamental, pero no renuncia definitivamente a ello. Puede, en cualquier
momento, por cualquier razón, resolver exigir la prestación debida por la
relación fundamental pero si así lo decide, debe renunciar al ejercicio del
derecho cartular. Esa renuncia debe materializarse con la restitución del título
a quien se lo entregó. Lo establece expresamente el artículo 26.
Con
otras palabras, el portador de un título valor, a su vencimiento, debe optar
entre el ejercicio de la acción cambiaria o el ejercicio de la acción causal.
No le está permitido el ejercicio simultáneo de ambas.
El
portador de una letra de cambio, llegado el vencimiento, si no es pagada, debe
adoptar una decisión. Debe resolver si exige judicialmente la suma de dinero
expresada en el título o letra o si promueve una acción contra el librador o
el endosante que se la entregó por un préstamo efectuado y cuyo importe se
debe. No puede ejercer la acción cambiaria y causal a la vez. Debe elegir
promover el juicio ejecutivo con su letra debidamente protestada contra
cualquiera de los obligados cambiarios o renunciar al ejercicio de esa acción
y, en su lugar, demandar al prestatario de la relación fundamental requiriéndole
la devolución de lo prestado.
Al
decir acción causal, el legislador no se está refiriendo a un especial rito
procesal. La acción causal se encauzará por las vías procesales que el
Derecho Procesal ha previsto para el negocio jurídico de que se trate.
Tanto
las expresiones “acción causal”
como “acción cambiaria” responden
a un uso tradicional que podemos calificar como impropio, ya que pueden sugerir
que se trata de ritos procesales distintos y especiales, cuando en rigor no lo
son. El calificativo causal o cambiaria agregado a la palabra acción sólo
tiene por fin llamar la atención sobre el objeto del juicio que se promueve: en
uno se busca el reconocimiento de un derecho emergente de una relación
fundamental y en el otro se procura la satisfacción del derecho incorporado al
documento.
Finalmente,
la acción causal se promoverá por las vías procesales que la Ley acuerde al
negocio causal, juicio ordinario o juicio ejecutivo. No existe una acción
causal específica como no existe una acción cambiaria típica.
